Gobierno y CEOE chocan por el plan de recuperación
Calviño mantiene que se ha autorizado el 60% de los fondos, pero la patronal dice que no llegan a las firmas
Es la joya de la corona de la recuperación económica y la gran oportunidad para España de volver a los niveles de crecimiento previos a la pandemia. Los fondos Next Generation EU son tan indiscutibles como discutidos. La unanimidad que suman su planteamiento inicial y su objetivo desaparece cuando se habla de su aplicación.
Mientras que el Gobierno presume de una ejecución rápida del primer tramo de fondos recibidos de la Unión Europea, la CEOE se queja de que este dinero no llega a la economía real; donde la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, afirma que este año se alcanzará la velocidad de crucero de su despliegue, la patronal se queja de que tienen un impacto más limitado del previsto.
Es un choque que se repite regularmente desde prácticamente el arranque de la ejecución de los fondos. España consiguió de entrada el estatus de primero de la clase en el arranque de este paquete financiero. Fue el primer país que consiguió la aprobación del plan de recuperación, el primero en recibir un primer pago semestral y ha sido el primer país en solicitar el segundo pago semestral, los 12.000 millones de euros que pidió el 30 de abril, una vez cumplidos los 40 hitos y objetivos comprometidos durante la segunda mitad del 2021. Por este lado, la hoja de ruta es impecable y da acceso a recibir más fondos.
No lo es en cambio en su distribución, para que lleguen sobre el terreno e impacten en el tejido productivo. Aquí, hay dos planteamientos enfrentados. Por parte del Gobierno, se destaca que en apenas diez meses se ha autorizado el 60% de los fondos del plan de recuperación previstos en los presupuestos del 2021 y el 2022. Para ser más precisos, en el 2021 se autorizó el 91% del total presupuestado y hasta abril, en el 2022 se ha autorizado el 29%. Sumando los dos ejercicios, de un total de 52.156 millones presupuestados, se han autorizado 52.156, lo que supone más del 58% del total. Además, Nadia Calviño subraya que ya hay 13.000 millones facilitados a las comunidades autónomas, para financiar actuaciones en su territorio.
Sin embargo, son unas cifras contestadas por la patronal, que limita la ejecución a un 27% como máximo. Solo uno de cada cuatro euros procedentes de Bruselas ha llegado a las empresas, afirma Luis Socías, jefe de la Oficina Técnica de Fondos Europeos de la CEOE. La clave de la diferencia reside en que una parte importante de los fondos que Economía da por autorizados son transferencias a otras administra
ciones públicas, principalmente comunidades autónomas, las cuales, a su vez, tendrán que publicar sus convocatorias y desembolsar los fondos, un proceso que no está aún terminado. “No se trata de llegada directa de fondos a las empresas”, apunta la CEOE.
A falta de información más precisa, el cálculo que realiza la patronal se basa en que de los casi 3.000 millones que el Estado gestiona de manera directa se han ejecutado 805 millones, un 27% del total. A partir de aquí, traslada el porcentaje al total de los fondos, en lo que supone una previsión de máximos.
Dado que juegan con datos distintos, ministerio y patronal no podían coincidir en el diagnóstico. “El ritmo de ejecución se ha acelerado radicalmente a partir de la segunda parte del año pasado”, dijo Calviño esta semana en el Senado, aunque reconociendo que el proceso es complejo y en él “el Estado tiene un papel, y las comunidades autónomas, otro, que es fundamental”.
Por su parte, la CEOE da cuatro razones para explicar lo que considera un retraso en la ejecución de estos fondos. De entrada, un sistema de gobernanza ineficaz, porque hay una centralización que le resta operatividad, y “eso impide que se pueda adaptar las necesidades a la realidad territorial; no hay opción de adaptar”, cuenta Luis Socías. Otros factores que ralentizan el proceso son la atomización de las convocatorias, demasiado pequeñas, y la falta de agilidad administrativa para su gestión, además del enfoque poco transformador que tiene el destino de parte de los fondos.
“Las licitaciones de contratos públicos tienen que ir dirigidas a proyectos con un enfoque transformador, a fin de evitar un segundo Plan E [el que lanzó José Luis Rodríguez Zapatero en el 2008]”, dicen en la patronal, señalando que un 25% de las licitaciones se canaliza a través de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Es el resultado de un muestreo que la CEOE realizó de casi 300 licitaciones. “En ocasiones, el presupuesto se destina a actuaciones que carecen de esencia transformadora”, indican.
“Calviño lo que hace es asignar los fondos entre las administraciones públicas, y esto se produce a ritmo elevado, en coherencia con el plan de recuperación. Pero también es cierto que estos fondos que ya tienen las comunidades autónomas tardan en llegar a la economía real”, afirma Raymond Torres, de Funcas.
Diferencias de cálculo aparte, Torres apunta a retrasos en la ejecución porque el programa se inició tarde. El Gobierno esperó a que el plan de recuperación se aprobara en junio, y a que llegara el primer pago, en agosto. “Entiendo que el nivel de ejecución tiene que ir acompasado a la capacidad de absorción de la economía”, añade este economista. Además, existen también los cuellos de botella en la administración, con dificultades para canalizar tanto dinero en tan poco tiempo, y los procesos de control para asegurar el buen destino de los fondos. “Hay que evitar que los proyectos sean a muy pequeña escala”, añade Raymond Torres.
Se multiplican las críticas a la burocracia, a las que Calviño responde que “estamos tratando de aliviar, en un contexto que viene marcado por los reglamentos comunitarios, por las normas que nos hemos dado para la gestión administrativa y por la necesidad de garantizar que no haya corrupción, ningún tipo de conflicto de interés y que no haya doble financiación”.
Pero esta tesis no convence a la oposición, que critica “la concepción centralista del plan cuando Europa ha pedido lo contrario, que el plan fuese negociado con las comunidades autónomas”, en palabras de Juan Bravo, el nuevo vicesecretario de economía del PP. El dirigente popular denuncia que se acumula el retraso. “El Gobierno dice que España es el país que mejor va en conseguir el anticipo de los fondos. La teoría la están haciendo, pero Europa no pregunta por la ejecución. Por eso sale tan positivo. Venden la teórica, pero se olvidan de la ejecución”, dice Juan Bravo.
Otra crítica que añade es la falta de capacidad de transformación del plan. “De transformador no tiene nada, el riesgo es que se convierta en un gran plan E… lo más transformador que tiene son los Perte [proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica] y en la práctica no funcionan. Mucho anuncio, pero poca ejecución”, reitera Bravo.
Un elemento que lastra el impacto del plan es la inflación, que ha llevado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a rebajar el impacto de los fondos en el crecimiento económico en el 2022, del 2,5% del PIB al 1,8%, ya que los recursos van a llegar a la economía en un entorno más adverso. A causa de los cuellos de botella y las presiones inflacionistas, el factor multiplicador del plan se revisa del 1,2 anterior al 0,9, según indicó la Airef en su última actualización de previsiones.
La patronal critica el retraso en la ejecución y calcula que solo un euro de cada cuatro ha llegado a las empresas
“De transformador no tiene nada, el riesgo es que se convierta en un gran plan E”, dice Juan Bravo, del PP