La economía española y el FMI
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El reciente informe del FMI sobre la economía mundial muestra el elevado grado de incertidumbre que rodea sus previsiones por la confluencia de varios acontecimientos: el impacto de la guerra de Ucrania (de duración y consecuencias muy inciertas), las dificultades en el control de la pandemia en China y el restablecimiento de las cadenas globales de producción. La suma es una revisión a la baja de 0,8 puntos del crecimiento del PIB mundial en el 2022 y de 0,2 puntos en el 2023, para situarse en el 3,6% en ambos años.
Los estrangulamientos en la oferta de las materias primas tras el conflicto bélico, que se superpone a los desajustes entre los shocks negativos de oferta y la pujante demanda que aún persisten tras la pandemia, son elementos de gran preocupación por el intenso impacto que están teniendo en la inflación. Para el FMI, el aumento del IPC se va situar en el 2022 en el 5,7% en las economías avanzadas y en el 8,7% en las economías emergentes y en desarrollo. Son tasas muy por encima del objetivo deseado del 2% por los bancos centrales, lo que anticipa una subida de tipos de interés más dañina cuanto más endeudada esté una economía.
En este complicado entorno, la buena noticia es que España va a ser, según el FMI, una de las economías desarrolladas que más van a crecer este año (un 4,8%), algo que debe ser relativizado ya que la economía española fue una de las que más cayeron en el 2020 (-10,8%) y creció menos que las economías desarrolladas en el 2021 (5,1% frente a 5,2%). Más me cuesta creer la previsión de inflación para España del 2023, ya que el FMI la sitúa en el 1,3%, una décima menos que la eurozona, algo difícil de lograr viniendo del 5,3% en el 2022 y teniendo en cuenta que habrá efectos de segunda ronda.
Uno de los elementos de más preocupación de las estimaciones del FMI para España son las finanzas públicas. En concreto, sitúa el déficit público estructural en el 4,1% del PIB en el 2022 y lo mantiene hasta el 3,9% en el 2027. Una mala noticia para la sostenibilidad de la deuda pública, que solo se prevé que caiga 1,8 puntos de PIB en cinco años (del 116,4% del PIB en el 2022 al 114,6% en el 2027), por lo que el FMI no anticipa que España vaya a hacer ningún esfuerzo de control del déficit en breve. Estamos hablando de una desviación estructural ingresos-gastos cada año en torno a los 50.000 millones de euros, que debería obligar al Gobierno a plantear una hoja de ruta como reclaman, entre otros, la Airef y el Banco de España. Y más ante el escenario de subida de tipos al que nos enfrentamos. No me extraña que el FMI no confíe en que controlemos el déficit estructural si el Gobierno plantea subir las pensiones con el IPC. Hagan cuentas: un punto de inflación son 1.713 millones de gasto extra en pensiones, por lo que si el FMI acierta en su previsión, son 9.079 millones más de gasto público. Y si el que acierta es el Banco de España (que sitúa la inflación en el 7,5%), la cifra supera los 12.000 millones de euros.
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