La imposición sobre el diálogo social
“Lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible”. Esta frase, del torero Rafael Ortega, el Gallo, (1892-1960) define a la perfección el fracaso del pacto de rentas que pretendía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una nueva edición de los pactos de la Moncloa que permitiese repartir la pérdida de riqueza provocada por la guerra de Ucrania. Este fracaso se debe fundamentalmente a que nadie parece estar dispuesto a asumir la parte que le corresponde. Somos más pobres, pero en vez de proteger a los más débiles se ha impuesto el sálvese quien pueda.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras escuchar a la vicepresidenta Nadia Calviño lo de “España va bien”, no ha querido saber nada de apretarse el cinturón. Y lo mismo ha sucedido con Podemos y los partidos del pacto de investidura. En lo que están todos de acuerdo es en el pelotazo hacia adelante. Que sean las futuras generaciones quienes paguen la irresponsabilidad y la falta de solidaridad de la España actual.
Así se pudo visualizar cuando se decidió bajar los impuestos a las gasolinas o rebajar artificialmente el recibo de la luz. Decisiones en las que todos sin excepción estuvieron de acuerdo. Menos el Banco de España y la Airef, que han advertido al Ejecutivo sobre el riesgo en que incurre si continúa sin hacer un plan para empezar a pagar lo que se debe.
Los pactos de renta se pueden plantear al inicio de una legislatura, pero nunca al final, y menos aún coincidiendo con un ciclo electoral. Sin pacto de rentas y sin plan para amortizar la deuda pública, el Gobierno se ha quedado sin instrumentos económicos para afrontar el tsunami que a medio plazo se cierne sobre España.
Patronal y sindicatos tampoco han querido asumir los sacrificios. A lo máximo que han llegado ha sido a pactar el desacuerdo, de forma que se evite en lo posible la confrontación social. Es decir, que las empresas trasladen a precios el aumento de los costes laborales. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, no podía comprometerse a introducir cláusulas de revisión salarial. La patronal tiene elecciones en los próximos meses, y aceptar esta nueva imposición del Gobierno sería tanto como hacerse el harakiri. Los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, tampoco pueden firmar un acuerdo sin cláusulas de revisión. Sus afiliados se los comerían vivos.
Las cláusulas se introdujeron por primera vez en los pactos de la Moncloa para romper la escala móvil de salarios que se aplicaba entonces. Los trabajadores aceptaban negociar su salario de acuerdo con la inflación prevista siempre que se les garantizase que esta se cumpliría y que no se utilizaría como una treta para abaratar los costes a las empresas.
Ante este callejón sin salida, la única alternativa que quedaba a los agentes sociales era hacer un
La imposibilidad del pacto de rentas ha sido un duro golpe para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no podrá hacerse otra foto. Gran parte de su éxito político y mediático obedece al perfil que ha creado como mujer dialogante, capaz de poner de acuerdo a patronal y sindicatos. Esto tenía especial importancia cuando Gobierno y oposición no habían sido capaces de llegar a ningún pacto. Sin embargo, en la patronal se dice que eso del diálogo es más marketing que realidad. Las medidas importantes se han impuesto, como la reforma de las pensiones, el SMI o la legislación laboral. juego de trileros. Romper el acuerdo global y dejar que cada empresa y cada sector hagan de su capa un sayo. Los empresarios que no estén sometidos a la competencia exterior y les vaya bien comprarán paz social subiendo salarios y con alguna fórmula que garantice a sus trabajadores que no pierdan poder adquisitivo.
Así ha empezado a hacerlo la construcción, que trasladará el aumento de costes al precio de la vivienda. Mejor esto que una serie de huelgas que ponga en peligro la recuperación. La hostelería hará lo mismo, igual que el comercio y la mayoría de los servicios. Un aumento de salarios que se traducirá en aumento de precios. Por tanto, no es fácil que la inflación se sitúe en el 6% este año y en el 2% en el 2023, tal como prevé la vicepresidenta Nadia Calviño.
Quienes pagarán los platos rotos son los sectores más débiles, como los parados y los jóvenes, que no tienen capacidad de presión. También lo pasarán mal las empresas que están sometidas a la competencia exterior y no pueden trasladar el aumento salarial a los precios. Eso les haría tener precios menos competitivos y a la larga supondría su cierre. Están abocadas al conflicto social o a reducir plantillas.
Los funcionarios también se verán abocados a la pérdida de poder adquisitivo, ya que los aumentos salariales se limitarán al 2% para este año, que es lo que prevén los presupuestos generales del Estado. Si la inflación media se sitúa en el 7,5%, como anticipa el Banco de España, la pérdida de poder de compra será nada menos que del 5,5%, lo que degradará aún más si cabe los servicios públicos.
Al final se ha acabado imponiendo una vez más la ley del mercado. Quienes tienen capacidad de presión, como los pensionistas, que son diez millones de votos, son los que ganan. Igual que en la crisis anterior.
Quienes pagarán los platos rotos son los sectores más débiles, como los parados y los jóvenes