Indra: una cartera de negocio de 2.667 millones
Tras el cierre de la crisis corporativa, Indra pretende convertir su división de defensa en una punta de lanza
Indra tiene dos almas. Históricamente se la conoce por proyectos de consultoría y de carácter tecnológico, entre ellos la gestión del escrutinio en las elecciones en España y en otros muchos países. Sin embargo, cuenta con dos grandes áreas de negocio. La primera, denominada Minsait, agrupa todo el negocio tecnológico, de consultoría, ciberseguridad y procesos electorales. Esta división genera dos tercios de los ingresos, pero un tercio del beneficio. Y la segunda área es la de transporte y defensa, que siempre ha permanecido a la sombra, pero que cuenta con proyectos de gran calado.
En estos momentos, la cartera en defensa y seguridad se eleva a 2.667 millones, cuando la global de la empresa ha alcanzado la cifra récord de 6.044 millones a 30 de junio del 2022. Destaca la contratación de los radares MK1 del proyecto Eurofighter para Alemania y España, así como el contrato para la modernización de los helicópteros Tigre MKIII en España. También fue la encargada de los radares antidrones que se usaron en la cumbre de la OTAN tan celebrada en Madrid para proteger a los mandatarios que llegaron de todo el mundo. En las adjudicaciones de defensa se ve la cara con compañías como las francesas Thales o Airbus, la italiana Leonardo o las alemanas Hensoldt o Rheinmetall, entre otras. Dentro del nuevo fondo de defensa europeo se ha adjudicado 19 proyectos que suman 700 millones de inversión, que equivalen al 60% de los 1.200 millones comprometidos por la Unión Europea. Y una de sus bazas es la especialización en la ciberdefensa con la aplicación de inteligencia artificial.
En realidad, Indra es una multinacional. Las cifras hablan por si solas. Cuenta con una plantilla de 54.933 personas, un 10,6% más frente al primer semestre del 2021. De esa cifra, el 54% (29.443) trabajan en España, el 36% (19.911) en América, un 6% (3.560) en otros países europeos y un 4% (2.019) se reparten entre Asia, Oriente Medio y África. El grupo está presente en 46 países y tiene operaciones comerciales en más de 140. En el 2021 obtuvo un beneficio neto de 143,4 millones. Entre los objetivos para el 2022 figuran alcanzar unos ingresos de 3.550 millones, frente a los 3.390 millones del 2021.
En la bolsa, la multinacional sufrió un gran varapalo este verano cuando prescindió de varios consejeros independientes. Su valor se va recuperando lentamente. En la junta anual, el pasado 23 de junio, uno de sus accionistas, el fondo Amber, propiedad de Joseph Oughourlian, que también preside Prisa, solicitó por sorpresa la destitución de buena parte de los consejeros independientes. Ese asalto a las normas de gobierno corporativo no gustó al mercado, lo que generó una crisis institucional que estos días se está cerrando. La compañía contrató a la firma de recursos humanos Korn Ferry para dar transparencia al proceso y contratar a seis consejeros independientes con perfil tecnológico y mayoritariamente mujeres para cumplir con las normas de paridad. Finalmente, los candidatos son Virginia Arce (PwC), Olga San Jacinto (Nazca Capital), Coloma Armero (Uría Menéndez), Axel Arendt (Rolls Royce) y Belén Amatriain (ex consejera delegada de Telefónica España). De la propuesta se ha caído Felipe Fernández (expresidente de Deutsche Telekom Ibérica), con lo que se busca un nuevo nombre. Tras el visto bueno de la comisión de nombramientos y una vez que el consejo dé luz verde al candidato que falta, Indra tendrá que convocar una junta extraordinaria para la ratificación del nuevo consejo de administración. También se nombrará a Juan Moscoso en representación de la SEPI. Se prevé que se celebre antes del 30 de octubre.
El objetivo de Indra es cerrar ese amargo capítulo, que incluso ha abierto una investigación en la CNMV. Entre los planes de Indra figura lanzar un nuevo plan estratégico, relanzar la división de defensa y hasta se podría retomar la compra de ITP Aero, referente mundial en el mercado de motores aeronáuticos. Se trata de una compañía que hasta en dos ocasiones el Gobierno español ha tratado de adquirir por encaje estratégico. La capitalización de Indra ronda los 1.200 millones y la del grupo vasco es superior, pero Indra tiene músculo financiero para protagonizar una gran operación corporativa. También será clave la sintonía entre el presidente no ejecutivo Marc Murtra y su consejero delegado Ignacio Mataix.
Tras la paz en el consejo, los analistas se preguntan si pueden surgir discrepancias entre los accionistas. Habrá que ver en qué dirección votan en la junta. La SEPI controla el 28%; el fondo Amber tiene el 4,5%, pero ha recibido luz verde del Gobierno para alcanzar el 9,9%; y el grupo vasco Sapa posee cerca del 8%. Fidelity tiene más del 10%. Y esta semana el fondo estadounidense Voleon ha aflorado una posición corta del 0,51%. El nuevo consejo estará formado por 14 personas, pero no se descarta que Amber solicite un asiento para tener voz y voto. Una de las paradojas de Indra es que el Gobierno figura como accionista y cliente. Pero ese patrón se repite en compañías dedicadas a defensa y armamento en otros países de la Unión Europea. De ahí que Indra sea una de las joyas de la corona del Ejecutivo, que prevé elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en el 2029.
La compañía cerrará la crisis de gobierno corporativo con la celebración de la junta a finales de octubre
La votación de los accionistas en la junta será clave para ver si hay concertación o discrepancias