El peor impuesto
En los últimos 24 meses el nivel general de precios en España ha subido un 14%. Siendo optimistas, la reconducción de la inflación llevará un año más, por lo que, a finales del próximo verano, los precios habrán aumentado un 20% en tres años.
Estos días asistimos a una encarnizada batalla política con motivo de la eliminación del impuesto sobre el patrimonio por parte de la Junta de Andalucía. La polémica es lógica, pero no debiera hacernos olvidar que, subrepticiamente, el peor de los impuestos –la inflación– continúa campando a sus anchas en nuestra economía. Se ha enfatizado el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de los salarios y otras rentas, pero su impacto en el patrimonio es, si cabe, aún más demoledor. En solo tres años los ciudadanos habrán visto como el valor real de su patrimonio se reduce en un 20%. Nada menos que en una quinta parte. Y ello, además, en un contexto de una evolución mediocre de los mercados de activos, tanto financieros como inmobiliarios.
El impacto negativo sobre los ahorradores es aún más lacerante porque sucede tras un periodo nefasto, que ha durado muchos años, en el cual al ahorrador se le ha situado entre la espada y la pared. Si buscaba una rentabilidad razonable de sus ahorros, debía asumir un riesgo elevado, casi especulativo. Si, por el contrario, quería seguridad, el rendimiento era muy bajo, y en algunos casos incluso nulo o negativo.
Ahora llega la tan ansiada recuperación de los intereses, pero trae pocas alegrías para los ahorradores. Los tipos suben, sí, pero están aún muy lejos de la tasa de inflación, tanto de la tasa actual como de la que se espera en unos meses. El tipo de interés real, es decir, el nominal descontando la inflación, continúa en negativo, penalizando a los acreedores y primando a los deudores.
Y esta es, probablemente, la clave de lo que está sucediendo. La otra cara de la moneda del predicamento de los ahorradores es la situación de los deudores, para los que la inflación constituye un gran alivio, al reducir la carga de su deuda. La subida general y muy significativa de los precios reduce el valor real de la deuda y constituye, por tanto, una formidable redistribución de riqueza entre acreedores y deudores. Poco perceptible, subrepticia, pero formidable, en cualquier caso.
Las autoridades económicas han implementado a lo largo de las últimas décadas unas políticas monetarias y fiscales que son la causa fundamental del aumento global de la deuda y han favorecido a los deudores frente a los acreedores. Ello probablemente no nos debería sorprender. Al fin y al cabo, el endeudamiento no ha sido solamente privado sino también del propio sector público, que afronta una abultada deuda, comparable al máximo histórico que se alcanzó tras la Segunda Guerra Mundial. Durante años se ha alimentado el crecimiento estimulando la demanda, a base de deuda y menoscabando la virtud clásica del ahorro.