Del poliamor a la policrisis
Como ocurrió en la Gran Recesión del 2008, el Gobierno duda que exista una nueva gran crisis
Los buenos datos de empleo de octubre y el crecimiento de 2 décimas del tercer trimestre del año han permitido al Gobierno volver a negar la amenaza de la crisis: “Son buenos datos para el empleo y malos para los agoreros que nos anuncian todo tipo de males”, ha sentenciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Un escenario que recuerda cada vez más al de noviembre del 2008. El entonces vicepresidente económico socialista, Pedro Solbes, negaba con rotundidad hablar de recesión. Pero como en la legendaria película de Tay Garnett, el cartero siempre llama dos veces.
Ambas situaciones se parecen como dos gotas de agua. Los datos macroeconómicos llegan con retraso y por tanto reflejan más el pasado que el futuro. Son la coartada para que los gobernantes camuflen una realidad que les resulta hostil. El hecho de que tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como la segunda, Yolanda Díaz, no sepan demasiado de economía favorece la confusión.
Tal como hace 14 años, la proximidad de unas elecciones les nubla el entendimiento. Pero la realidad es terca y los indicadores son apabullantes. La elevada inflación está forzando continuas subidas de los tipos de interés que están frenando el consumo, la inversión y, por tanto, el empleo. Y de esta realidad no hay quien se escape. En aquella ocasión Solbes llegó a cuantificar la pérdida que provocarían la crisis norteamericana de las hipotecas basura en la economía española en un 0,25% del PIB. La realidad fue muchísimo peor. En esta ocasión, Calviño niega con igual rotundidad que vaya a haber crisis. Lo más probable es que el Gobierno que salga de las urnas se coma un marrón como el que se tragó Mariano Rajoy en el 2011.
Una vez más ha tenido que ser el Banco de España quien ha puesto las cosas en su sitio. La subgobernadora, Margarita Delgado, ha utilizado el término policrisis. Un concepto acuñado por el historiador británico Adam Tooze para alertar del peligro de combinar factores propios de diferentes crisis. Como sucedió con Solbes, no se trata solo
Llama la atención que mientras el número de cotizantes a la Seguridad Social han crecido en octubre en más de 100.000, el índice PMI se haya desplomado en más de cinco puntos. Esto se debe a que mientras el empleo es un dato que refleja el pasado, el PMI avanza el futuro, ya que es una encuesta en la que los gestores de compras expresan sus expectativas. Es como intentar conducir un vehículo mirando solo el retrovisor y descuidando las señales que nos indican que vienen curvas. de una crisis, sino una tormenta perfecta al coincidir diferentes elementos que mezclados forman un cóctel molotov. La recesión del 2008 fue tan dañina porque coincidieron en el tiempo el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera, la parálisis del sistema de pagos y el hundimiento de los sistemas de control y de las instituciones sobre las que se sustentaba el capitalismo.
En esta ocasión, el profesor de la Universidad de Columbia señala que el elemento más peligroso es una elevada inflación, que va a persistir durante un largo periodo de tiempo. A lo que hay que sumar una crisis de deuda creada durante la recesión generada por la pandemia, una subida de los tipos de interés que se va a mantener y podría forzar que el precio del dinero se sitúe por encima del 5% o el 6% como herramienta para frenar el exceso de liquidez, una crisis energética por la falta de suministro provocada por la transición ecológica y agravada por la guerra de Ucrania, una crisis geoestratégica como consecuencia del desafío de China a la hegemonía norteamericana y, no lo olvidemos, los coletazos económicos de la pandemia.
Por tanto, en opinión de los defensores de la teoría de la policrisis, no basta con que se resuelva un solo factor. El final de la guerra de Ucrania es una condición necesaria, pero no suficiente para recuperar el ciclo expansivo. Eso hace que se ponga en duda que será una crisis corta, como han venido defendiendo los responsables del BCE, Christine Lagarde, y su vicepresidente, Luis de Guindos. Probablemente sea este el debate económico más importante de los que se están produciendo.
De lo que no existe ninguna duda es que todos los países de la UE, incluida España, van a sufrir el zarpazo de la estanflación. Tradicionalmente las crisis siempre han llegado a España con un cierto retraso, como sucedió en el 2008. Aquello permitió al gobierno de Zapatero ocultar el tsunami que nos venía encima hasta después de las elecciones. Sin embargo, la crisis llegó y nos azotó con mayor virulencia porque no se habían adoptado medidas. Por este motivo no deberíamos olvidar los timbrazos que siempre da el cartero.
Es lo bastante conocido que España tiene una financiación insuficiente para hacer frente al gasto público que año tras año el Congreso aprueba, y además lo está haciendo desde una fiscalidad claramente mejorable. Sin duda hay que ajustar la tributación a los nuevos signos de los tiempos (la nueva economía, los nuevos instrumentos tecnológicos) y a las necesidades de una economía competitiva en el mundo global. La pretensión de un sistema tributario más justo hace todavía más complicada la reforma, ya que aquí se combinan la imprecisión de que se tiene que entender como justo y en qué grado eso es compatible con la desigualdad en rentas finales cuando, de hecho, esta es más sensible a la regulación o a la incidencia en el gasto que pueda tener en el papel la misma imposición.
Para colmo, la reducción fiscal ha entrado dentro del debate político. Sorprende el cierto desorden en el cual se proponen las medidas y, en todo caso, la falta de responsabilidad con que se hacen. En particular, el impuesto sobre el patrimonio es al punto de mira, sin clarificar si esta renuncia comporta gravar fuentes alternativas de riqueza, o si a falta de hacer tributar el stock se prefiere aumentar la que grava su flujo, la renta del capital, hoy tratada mejor que la correspondiente renta del trabajo. Hay que clarificar, además, si el objetivo es incentivar desplazamientos de fortunas entre jurisdicciones, lo cual no equivale necesariamente a incrementar la base imponible del conjunto de la economía; o bien si se pretende, cosa muy diferente, atraer rentas productivas del capital-talento que se querrían impatriar con una fiscalidad que lo pusiera más fácil. Y, en cualquier caso, hace falta argumentar qué razón existe para no gravar la riqueza, si riqueza es capacidad económica. La fiscalidad del futuro requiere en todo caso muchos equilibrios entre renta y patrimonio, diferentes tipos de renta, transacciones físicas y digitales, criptoactivos patrimoniales y activos convencionales, tipo de desgravaciones y finalidades evaluadas...
Con respecto a la lucha contra la desigualdad económica, vale decir que probablemente todos esperamos demasiado del sistema fiscal en su capacidad de construir una sociedad más justa y cohesionada. De hecho, si somos serios en el esfuerzo de reducir las desigualdades, tenemos que reconocer que existen diferentes estrategias, y la tributación no parece especialmente decisiva.
En general, resulta difícil entender que se propongan bajadas de impuestos sin precisar qué gasto consecuentemente se eliminaría. Y no vale decir que eso se financiará reduciendo la ineficiencia del gasto público o con un incremento de la recaudación para mayores inspecciones; o sobre el supuesto incremento de bases, ya que en competencia fiscal dentro de un mismo Estado estas no aumentan, sino que simplemente cambian de jurisdicción fiscal.
Para los abolicionistas del impuesto de sucesiones, conviene recordar que tiene un papel de legitimador del conjunto del sistema fiscal en una sociedad que se quiera meritocrática. Además, su eliminación hoy agravaría la fiscalidad del IRPF sobre variaciones patrimoniales, con una tributación mucho menos blanda actualmente que la que se da a las herencias. Asimismo, para los que quieren suprimir el impuesto de patrimonio haría falta que concretaran qué otra forma de