Con las cuentas pendientes
Las administraciones presentan un alto grado de incumplimiento en la rendición de sus presupuestos
Si el alcalde no es ejemplar, ¿quién lo ha de respetar? El refranero no puede ser más oportuno a la hora de analizar una situación enquistada en España: el incumplimiento de las diferentes administraciones en la rendición de sus presupuestos ante el Tribunal de Cuentas o los organismos autonómicos que deben avalarlas y garantizar su rigor. El problema es que esta institución del Estado, cuyos miembros son elegidos por las Cortes, no tiene capacidad sancionadora sobre las administraciones, por más que pueda enjuiciar sus cuentas.
En el último ejercicio, correspondiente al año 2021, un 41,38% de los ayuntamientos no presentaron en el plazo requerido sus cuentas y, a día de hoy, un 36,21% sigue sin hacerlo, según los datos del propio tribunal. Estas cifras de incumplimiento, que se arrastran año a año, son aún más abultadas en el caso de los cabildos y consejos insulares, las mancomunidades y las áreas metropolitanas, los organismos públicos que presentan un mayor grado de incumplimiento. En todos los casos, sin que ello comporte ningún tipo de consecuencia legal.
“Efectivamente hay un problepúblicas ma con la rendición de cuentas y es un tema que nos preocupa porque afecta a la calidad de la información que se proporciona a la ciudadanía en relación con el desempeño de las instituciones públicas. En el ámbito local, este problema de la rendición de cuentas tiene una dimensión especial”, reconoce el director del Gabinete Técnico del Tribunal de Cuentas, Santiago Martínez Argüelles.
Más allá de una modificación de la ley que regula el Tribunal de Cuentas para establecer sanciones a las administraciones que incumplan con la rendición, algo que no ha promovido ningún gobierno en los 40 años de existencia de este organismo, diversas comunidades autónomas han planteado la posibilidad de establecer este cumplimiento en las bases de convocatorias de ayudas, aunque ninguna lo ha hecho hasta ahora.
Por si esto es poco, las dudas que plantea este modelo de control de las cuentas públicas va más allá y desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España se ha planteado también la necesidad de que las administraciones se sometan a una auditoría independiente, como hacen por imperativo legal muchas empresas, siguiendo el ejemplo de muchos países europeos. En España, solo Navarra realiza una auditoría anual sobre las cuentas de los entes locales de la comunidad de más de 9.000 habitantes, de forma voluntaria y con la colaboración de auditores privados en el trabajo de campo.
“Tanto el Tribunal de Cuentas como los interventores municipales realizan adecuadamente su función. El papel de los auditores es diferente. Nosotros defendemos una auditoria sistemática anual de las cuentas municipales, que redundaría en una mayor transparencia y contribuiría a la confianza de los ciudadanos”, reflexiona el presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez.
Los organismos de control de las cuentas de países como Italia o Portugal utilizan regularmente el apoyo de empresas de auditoría y Francia realiza actualmente un plan piloto en este sentido. Por otra parte, la institución que representa a los auditores españoles destaca que en la Unión Europea, solo España, Malta, Rumanía y Grecia no presentan cuentas consolidadas de los entes locales. Es decir, junto a empresas municipales y otros organismos dependientes, lo que dificulta el conocimiento de la realidad de las cuentas.
Dados sus propios recursos, los métodos de trabajo tanto del Tribunal de Cuentas como de los organismos de control autonómicos tampoco tienen mucho que ver con la de las empresas de auditoría al utilizar habitualmente técnicas de muestreo y la supervisión limitada a algunas áreas contables.