Quién controla la información no financiera
La directiva europea sobre divulgación de información no financiera y la denominada taxonomía verde de la Comisión Europea para certificar las inversiones sostenibles en el seno de la UE, recogida en un reglamento, han nacido con la duda de quién evalúa y controla y con qué metodología y criterios esa información que trasciende la contabilidad.
En el primer caso, la directiva sobre información no financiera del 2018, que se complementará con la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, insta a unas 12.000 empresas europeas o que operan en la UE a someterse al control del Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), verificado mediante auditorías independientes. No obstante, la adscripción es voluntaria y, según la trasposición de la directiva en la ley española, “los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas únicamente deben comprobar que se haya facilitado el estado de información no financiera”.
En cuanto al reglamento que regula la taxonomía verde, remite su control a “un grupo de expertos de los Estados miembros en materia de finanzas sostenibles, que asesorará a la Comisión en cuanto a la adecuación de los criterios técnicos de selección”.
Para los auditores, representados en España por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas y los colegios profesionales de las diferentes comunidades autónomas, el control de esta información no financiera debería recaer en las empresas de auditoría, que ya ejercen el control sobre las cuentas de todas estas empresas y disponen de los profesionales y la metodología para ejercer esta función.
Los auditores abogan, en este sentido, porque el largo camino hacia la armonización europea del control financiero contemple también mecanismos de control no financiero equiparables en toda la Unión Europea.