Ayudas fiscales

Estamos en un momento económico extraordinariamente complejo. La inflación ha escalado a máximos de 40 años y los bancos centrales se han visto obligados a subir los tipos de interés en mayor medida de lo previsto. Hablan de “hacer sacrificios” en el crecimiento para conseguir frenar la inflación, y eso implica una posible recesión mundial cuya magnitud y duración es incierta (aunque nosotros esperamos que sea poco profunda y dure como mucho hasta el verano).

En este contexto de incertidumbre, las medidas de impulso fiscal ganan protagonismo como una forma de paliar la subida de los precios. En Europa, además de los fondos ya existentes, se han aprobado por parte de todos los gobiernos medidas de apoyo como el establecimiento de topes máximos a los precios de la electricidad, subvenciones a empresas y familias o rebajas impositivas.

¿Pero hasta dónde deben llegar estas medidas? Estamos en una situación en la que, nos guste o no, es necesario enfriar el crecimiento para así frenar la inflación. La política fiscal tiene que servir en este contexto para ayudar a los agentes más vulnerables a sortear la recesión y los efectos de los altos precios. Pero un exceso de ayudas fiscales puede complicar la labor de enfriamiento, además de potencialmente provocar dudas sobre la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

Lo ocurrido en el Reino Unido es un claro ejemplo de los riesgos de cometer errores en el plano fiscal. De momento, le ha costado el Gobierno a la anterior primera ministra, además del alto precio pagado en la credibilidad de los inversores en los activos de este país. Veremos probablemente cómo el plan fiscal del nuevo Ejecutivo incluye subidas de impuestos y recortes fiscales, para así dar estabilidad a estos activos. Justo lo contrario de lo que se pretendía.