Ayuntamientosyel margendemaniobra
Ya ha comenzado la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales. Ya llevamos unas cuantas en nuestro haber democrático, por lo que no ha de sorprendernos el ánimo pródigo con el que nuestros candidatos perfilan sus propuestas. Por aquello de que no puede dar quien no tiene, cabría subrayar que afortunadamente en el caso de nuestros ayuntamientos estos presentan con carácter general unas cuentas saneadas a día de hoy.
Las corporaciones locales que aúnan ayuntamientos, cabildos, diputaciones provinciales y forales, y consejos insulares acumulaban a diciembre del 2022 depósitos bancarios por valor de 36.600 millones de euros, según datos del Banco de España, a lo que se une que, a cierre del pasado ejercicio, tienen la deuda más pequeña de todas las administraciones públicas (un 1,7% del PIB, muy por debajo del casi 24% de las comunidades autónomas o el 102,4% de la administración central). Unos datos alentadores para abordar las propuestas de gasto que están, sin embargo, sujetas a la todavía vigente ley de Estabilidad Presupuestaria, encargada de vigilar que este desembolso no se dispare.
Sin embargo, un debate que todavía no se ha abierto es el referido al relativo margen de maniobra que tienen nuestros ayuntamientos en función de los tributos que gestionan directamente, y que permite, según establece la ley de Haciendas Locales, aliviar la carga impositiva de sus vecinos. Solo en el caso de los bienes inmuebles, nuestros ayuntamientos pueden aplicar bonificaciones en el recibo de un potente IBI de hasta el 90% para inmuebles cuyos titulares constituyan familia numerosa, y del 95% en inmuebles destinados al alquiler de renta limitada, entre otras. Asimismo, para el caso del desestructurado IAE se pueden plantear bonificaciones del 50% por inicio de actividad, por la generación de puestos de trabajo o por haber tenido rendimientos negativos. Otro punto a tener en cuenta es que la apuesta de nuestras AAPP por promover cambios que redunden en un desarrollo sostenible también puede ayudar al contribuyente. Una muestra de ello es la posibilidad de reducir a la mitad el IBI o el IAE por la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Desde antes de la pandemia hasta hoy –del 2019 a marzo del 2023, según datos del INE– el conjunto de la ciudadanía ha tenido que atender un incremento de precios de algo más del 13%, un hecho que ha laminado la capacidad adquisitiva de particulares y el margen de beneficios de amplios sectores de la actividad económica, todo ello en un panorama de alta inflación y de subidas de tipos de interés. El esfuerzo de unos y otros para adaptarse a este panorama debería quizá tenerse en cuenta. Como hemos visto, existe una cierta capacidad para modular los impuestos. Intentar reducir la presión impositiva, o no, son opciones igualmente abordables, pero sería conveniente explicar a los ciudadanos los motivos por los que se elige una u otra.
Bonificaciones Todavía hay margen en el recibo del potente IBI de hasta el 90% para inmuebles cuyos titulares sean familia numerosa