Los datos en el debate territorial: convergir y no enervar
La política española necesita elementos para hacer convergir ideas y análisis, que permitan llegar a acuerdos si tenemos que sacar adelante el país todos juntos. El de la financiación territorial es uno, en particular por la carga que permiten las lecturas políticas interesadas sobre temas que, en su detalle, son lo bastante complejas como para volcarlas enervadamente en el debate del desencuentro territorial. Se dice que el acuerdo por el actual desencaje autonómico debe partir de la Constitución. Hagámoslo pues. “Nacionalidades y regiones”, “comunidades de vía rápida y de vía lenta”, territorios históricos y régimen común: todo eso cabe en la Constitución. ¿Por qué, pues, encerrarse en respuestas uniformes en una España que se demuestra cada vez más plural?
Las cifras de la última liquidación disponible que acaba de sacar el ministerio son, de nuevo, tratadas con animadversión por parte de quien tiene interés en hacer batalla política. Los datos sobre la capacidad fiscal que muestran las comunidades autónomas y las transferencias que reciben del sistema de financiación autonómica no dejan lugar a dudas: Baleares y Catalunya, por este orden, soportan buena parte de la nivelación horizontal observada a favor de la pretendida solidaridad interterritorial. Dejo fuera Madrid, ya que como se hace con la capitalidad de Berlín, estas ciudades metrópoli capitales juegan en otra liga: ni toda la capacidad fiscal que exhiben es propia, dado que es donde se liquidan determinados impuestos, ni todas las necesidades de gasto que puedan tener van a su cargo cuando comunidad, provincia y ciudad capital coinciden.
Más allá de estas cifras inapelables del drenaje tributario implícito en el sistema, está la cuestión de la mayor o menor financiación que puedan tener. Curiosamente algunas nuevas interpretaciones (Fedea 2023) consideran aquellas dos comunidades, a pesar de lo que acabamos de señalar, comunidades sobrefinanciadas (!).
Todo eso genera confusión entre la gente: ¿están bien o mal tratadas estas dos comunidades?
Parte de la confusión la provoca el análisis que hace
Fedea. Sus informes son ciertamente correctos en su mayor parte –o así lo creo yo–, pero a menudo se somete lo que dicen los datos a interpretaciones alternativas muy discutibles. Así, en estos trabajos se reestiman los tributos normativos (¡incluyendo precios públicos, tasas e impuestos cedidos!) y se reelaboran cuadros en diferentes evoluciones temporales. La referencia que se utiliza no es la población de cada comunidad, sino la población ajustada, implícita en el propio sistema de financiación, según unos pesos discutibles aplicados al envejecimiento y considerando variables como la dispersión o la superficie, y no según factores como la población de hecho, las ratios de inmigración, las concentraciones como factores encarecedores del coste de los servicios o de otros. Bueno, total, que cuando se dice per cápita se le añade un p.a. ,de población ajustada, que muy pocos de los que interpretan las ratios conocen de dónde viene. Y está claro, son cifras que no coinciden después con las correspondientes a la población de derecho, del ministerio, lo que genera más confusión entre los medios.
Se recalcula, dicen, “para mejorar las cifras oficiales” y “reflejar con más precisión los recursos con los que las CC.AA. contarían a igual esfuerzo fiscal, y así hacerlas más comparables
Población Fedea se basa en una población que no es la de cada comunidad, sino una ajustada a variables que generan confusión
entre ellas”. Todo eso se hace en términos nominativos y no de capacidad de compra, no se consideran como competencia específica los recursos para las comunidades que tienen lengua propia, ni tampoco los subfondos de competitividad, dentro del galimatías del Fondo de Convergencia. El informe construye “índices de financiación aumentada” (!) a partir de otros recursos extraordinarios aportados por el Gobierno central (¡como si todos los recursos fueran solo sedes!). Por este camino queda sin precisar si, incluso con la intervención del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y con la deuda asumida por el Estado, su menor tipo de interés respecto de lo que hubiera pagado la comunidad autónoma, se pueda considerar una “aportación” de la Administración central. Recalculado el numerador (aportaciones del Estado) y con una ratio poblacional modificada, la tabla resultante muestra, en realidad, lo que el autor considera que reciben por encima de lo que cree que tendrían que recibir.
De manera similar pasa en el debate sobre la condonación de la deuda. La oposición a que se haga con argumentos técnicos (los economistas los llamamos propios de “abuso moral”), tiene que esconder el posicionamiento de quien no acepta que alguna comunidad haya podido tener históricamente una infrafinanciación que la haya llevado a la deuda, o de quien no considera que, en general, con la crisis, el Estado haya hecho su consolidación fiscal a costa de las finanzas territoriales; es decir, de los ayuntamientos y de unas comunidades autónomas que no han tenido elasticidad para bajar el gasto social, precisamente durante la crisis, gestionando sus consecuencias sobre el Estado de bienestar.
El mensaje es que desde las instituciones y los organismos –contrariamente, a nivel académico que cada uno haga lo que crea–, convendría utilizar las plataformas de que se disponen para convergir y no enervar más, con interpretaciones partidistas, el debate de la España plural.