La financiación de los partidos
Desafortunadamente, la corrupción, y especialmente la política, no pasa de moda y está impregnada no solo en nuestro país, sino extendida como un gran mal por todo el mundo, y con nefastas consecuencias de todo tipo. Últimamente hemos sabido que la Comisión Europea calcula que la corrupción le cuesta a la economía europea unos 120.000 millones de euros al año. En España, todo el mundo conoce cantidad de casos, y no solo los más mediáticos, sino los que se producen a niveles inferiores municipales, de manera continuada.
Toda esta introducción es para hablar del título que hemos puesto en este artículo. Recordemos que estuvimos doce años sin ningún tipo de ley de Financiación, ya que la primera es del 2 de julio de 1987, en la que de una manera muy sucinta se hacía mención de los recursos que los partidos podrían tener procedentes de la financiación privada. Esta ley fue sustituida por una ley orgánica del 4 julio del 2007, modificada el 31 de marzo del 2015 y que explicitaba en la exposición de motivos que las anteriores no habían garantizado de manera adecuada la suficiencia, regularidad y transparencia de la actividad económica de los partidos. También se hacía mención de las irregularidades que se habían detectado en la financiación de los partidos políticos. Por lo tanto, lo llevamos arrastrando, y sufriendo sus consecuencias, desde prácticamente el comienzo de la democracia.
Hay que constatar que con el contenido de la ley debería ser posible que unos partidos democráticos en el desarrollo de sus funciones se pudieran financiar cumpliéndola estrictamente, pero esto no ha sido así desde el comienzo y ha provocado que todos los partidos hayan buscado la manera de financiar sus presupuestos, que evidentemente han sido siempre mucho más elevados de la financiación legal, y especialmente cuando han formado parte de una administración, sea municipal, autonómica o estatal.
El problema ha sido que estas “soluciones” para financiar a los partidos han sido el primer paso para pasar a otras financiaciones, que ya no tenían nada que ver con el del propio partido, y sin controles rígidos por parte de las administraciones ni de los órganos correspondientes, lo que ha dado pie a que los políticos sin escrúpulos aprovecharan para llenarse los bolsillos mediante todo tipo de acciones y actividades delictivas.
La corrupción es como un cáncer que, si no se detiene lo antes posible, sigue extendiéndose y acaba por sofocar a la sociedad democrática, destruyendo a la vez todas las instituciones.
De todo ello se desprende que si volviéramos a modificar la ley de Financiación de los Partidos que pudiera asumir los costes reales de un partido, y se incrementaran las penas por los delitos de financiamientos ilícitos y actos de corrupción personales derivados de actividades políticas, quizás conseguiríamos rebajar de forma notable los niveles de corrupción y malversación actuales, y proteger así nuestra débil democracia.
Corrupción Es necesaria una nueva ley de Financiación de Partidos que asuma sus costes reales y penas más duras para actos ilícitos