Viviendas electorales
Durante la Segunda República se hablaba de carreteras electorales. Eran aquellas que se empezaban a construir antes de unos comicios y cuando estos se celebraban se dejaban sin terminar. Algo similar pasa ahora con los llamados pisos sociales para alquiler dirigidos a las rentas más bajas. En el 2019 Pedro Sánchez prometió la construcción de 250.000 viviendas de titularidad pública, pero después de un lustro no se ha construido ninguna.
La pandemia de la covid y la recesión asociada al “gran encierro” no dejaba lugar para pensar en viviendas sociales y en nada que no fuera salir del hoyo. Estaba justificado y la gran promesa electoral socialista, una vez más, pasó al cajón de los olvidos hasta que se superó la emergencia sanitaria. Por aquel entonces el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, prometió la construcción de 20.000 viviendas. Lo iba a conseguir gracias al suelo público que iba a obtener con los terrenos de los antiguos cuarteles urbanos del Ministerio de Defensa. Pero como en julio del 2021 Sánchez le echó por razones inexplicables, nadie se volvió a acordar de aquel proyecto durante los siguientes dos años. La ola inflacionista provocada por la guerra de Ucrania no dejaba margen para pensar ni en viviendas ni en gaitas.
Pero las cosas cambiaron. En la medida que se acercaba la fecha de las elecciones autonómicas y municipales de abril del año pasado, Pedro Sánchez se acordó que tenía pendiente el asunto de las viviendas sociales como banderín de enganche. Dicho y hecho, los socialistas volvieron a desempolvar su viejo programa electoral con promesas y soluciones de la época de Felipe González. Prometieron
el oro y el moro, pero como el PSOE sufrió un fuerte varapalo en ayuntamientos y comunidades autónomas, se volvieron a olvidar.
Dado que Sánchez decidió adelantar los comicios para el 23 de julio del 2023, se sacó del cajón el espantapájaros de la falta de pisos de alquiler. El presidente elevó la puja a nada menos que 100.000 viviendas. Para dar credibilidad a su promesa, sacó a relucir los 50.000 pisos que tenía la Sareb, el llamado “banco malo”, en cartera del saneamiento de los bancos y cajas de ahorros. El resto se construiría en los terrenos públicos que tenía el Estado. Aquello iba a ser coser y cantar.
Parecía que sí, que ahora el Gobierno de coalición progresista se lo iba a tomar en serio. Como Sánchez ni es ni río ni rana, se da la vuelta cuando le da la gana. Tras la tormentosa investidura, la prioridad ya no era las viviendas sociales sino la amnistía. Vuelta al olvido, hasta que se ha convocado el trimestre electoral –vasca, catalanas y europeas– deprisa y corriendo había que sacar algo y qué mejor que las viviendas sociales.
Durante toda esta peripecia sin hacer nada, el problema de la falta de vivienda se ha ido agravando. Tal es así que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lo señala como una de las principales preocupaciones de los españoles.
Para Pedro Sánchez el relato es fácil de construir: “La vivienda no es un bien de lujo, es un derecho constitucional y no un mero negocio especulativo. Esta será la legislatura que convierta la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar”.
Y para resolver este grave problema social, el Gobierno progresista ha decidido eliminar la golden visa. Porque “son la compra de pisos de lujo a cambio de obtener la residencia en España la causa que los pisos sean tan caros”, según la flamante ministra del ramo Isabel Rodríguez.