La Vanguardia

Vacunados por orden judicial

Un juez autoriza que los sanitarios vayan con policías a inmunizar a 35 niños de Granada

- VÍCTOR BEJARANO

La libertad individual de rechazar una vacuna no puede prevalecer sobre el derecho a la salud o la integridad física de los demás miembros de una comunidad. Es lo que considera un juzgado de Granada para obligar a 35 padres del Albaicín a vacunar a sus hijos contra el sarampión. En una sentencia notificada ayer, el juez Antonio Videras da la razón a la Consejería de Salud y ordena la vacunación de los alumnos del colegio Gómez Moreno que están sin inmunizar.

La negativa de un grupo de padres a vacunar a sus hijos ha originado un brote de sarampión que afecta a 46 personas, de las que ocho son adultos. A partir de ahora, los sanitarios que vayan a vacunar podrán recurrir al auxilio de la policía si fuera necesario, según especifica el juez en el auto dictado ayer. Eso sí, tendrán que vacunar de forma que “en ningún caso pueda constituir un trato inhumano o degradante”. La consejera de Salud, María Jesús Montero, dijo ayer que se trata de la primera sentencia de este tipo en nuestro país y que sienta un “importante precedente” para la defensa de la salud pública.

La decisión del juez se basa en el artículo 2 de la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública de 1986, que establece la posibilida­d de que la administra­ción sanitaria realice tratamient­os médicos “cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para una persona o grupo de personas”. El artículo 3 de esa ley, citado por el magistrado, indica que “habilita a las administra­ciones para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos”.

El juez reconoce que las medidas sanitarias suponen una privación o limitación de la libertad individual, pero las considera amparadas por el artículo 43 de la Constituci­ón que, tras reconocer el derecho a la salud pública, atribuye a los poderes públicos “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventiva­s y de las prestacion­es y servicios necesarios”.

La citada ley exige que las medidas sanitarias estén justificad­as y sean proporcion­ales a la situación de riesgo existente. Basándose en eso, el juez da la razón a la Junta frente a quienes se niegan a vacunar a sus hijos por miedo a reacciones adversas. El juez contrapone las leves secuelas de la vacuna y su alto nivel de protección (99% de los que la han completado) con las complicaci­ones que pueden surgir con la enfermedad. Entre otros datos, Salud aporta el dato de que 17 de los 46 afectados por este brote han necesitado hospitaliz­ación.

La sentencia del juzgado núme- ro 5 de lo contencios­o es recurrible en apelación, para lo cual los padres tienen quince días.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció que los equipos sanitarios se pondrán en contacto con las familias para ofrecerles la posibilida­d de vacunar a sus hijos en sus casas, en el centro de salud o en el propio colegio. “Les vamos a dar todas las facilidade­s posibles”, argumentó,

El juez considera que la libertad individual de los padres no prevalece sobre el derecho a la salud

pero, si a pesar de la orden judicial los padres se resistiera­n, “pondríamos el hecho de nuevo en conocimien­to del juez para que actúe en consecuenc­ia”.

La urgencia por aplicar la orden del juez viene dada por la extensión de la epidemia, ya que en una semana ha aumentado en diez el número de casos. Más aún porque un tercio de los afectados son bebés de menos de 15 meses. Como medida complement­aria y transitori­a, la Consejería de Salud ha decidido rebajar la edad de la primera dosis de la vacuna a los seis meses, frente a los doce meses actuales. Esto se hace pese a que por debajo de los doce meses el sistema inmunitari­o aún muestra escasa madurez, por lo que la vacuna tiene una pobre eficacia, y esto conlleva que los niños deberán recibir tres dosis, una a los seis meses, otra a los doce y la última a los tres años.

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MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE Una menor ante el colegio del Albaicín al que asisten los niños que deben vacunarse
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