El PP obligará a dimitir a los cargos que dañen la imagen del partido
Los nuevos estatutos prohibirán cualquier “trato de favor o privilegio”
El PP se ha aplicado el dicho de que se aprende de los errores y en el congreso que celebrará en Sevilla en febrero modificará sus estatutos para aplicar la experiencia vivida por el partido con el caso Gürtel, que ha hecho vivir a Mariano Rajoy los peores momentos de su presidencia en el PP. Para tratar de evitar casos como el que impedía la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, porque no había una resolución judicial, o la de Ricardo Costa, porque no había sanción penal, aunque sí comportamientos que el PP no consideraba acordes con el partido, el PP establecerá en sus estatutos la obligación de firmar una “carta de compromisos” que incluye la obligación de abandonar el cargo si se está inmerso en un procedimiento judicial que dañe la imagen del PP.
Lo más curioso del caso es que el primero de los ponentes de estos estatutos que reflejan claramente lo vivido por el Partido Popular en el caso Gürtel es el actual presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, que ha elaborado el texto junto con Alicia Sánchez-camacho, presidenta del PP de Catalunya, y el presidente de Cantabria, Ignacio Diego.
La imputación supondrá un expediente, igual que la ocultación de conductas no ejemplares
La “carta de compromisos” es un conjunto de disposiciones de carácter ético y deontológico al que se compromete quien accede a un cargo del partido o institucional, que no podrá tomar posesión si no lo asume y que trata de evitar los “comportamientos indeseables” en la vida política. A estos dirigentes se les exigirá “máxima ejemplaridad, rigor y exigencia” en el desempeño de sus funciones y el compromiso de que no tendrán conductas que “aun siendo plenamente legales, puedan dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen”.
La ponencia no habla de regalos, porque pondrían en evidencia lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, pero se entiende fácilmente a qué se refieren los estatutos cuando hablan de que los cargos del PP “no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja”. También ordena a sus cargos que se abstengan de influir en la “agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno familiar o social”.
El PP no se atreve a incluir en los estatutos la suspensión de militancia si se es imputado en un caso de corrupción, pero abre esa posibilidad, dejando un margen a la discrecionalidad. Si hay una imputación por corrupción, el PP abrirá expediente disciplinario al encausado siempre que el delito se considere “incompatible con las obligaciones y deberes éticos; incoado el ex- pediente se podrá suspender de militancia al afectado, hasta que haya una resolución judicial”.
La comisión de garantías también podrá iniciar un expediente si conoce la falta de ejemplaridad en la conducta de un afiliado, y considera falta grave “la deslealtad manifiesta al partido, entendida como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del PP”, que dará lugar a la expulsión salvo casos concretos o circunstancias especiales.
El PP está decidido a imponer la ejemplaridad en los cargos públicos, incluida su gestión. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría señaló ayer que se fijarán por ley las obligaciones de los gestores públicos y apuntó a inhabilitaciones por incumplimientos dolosos.