La reforma de la ley de Costas
MIGUEL Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha elegido la ley de Costas como tema de su primera declaración pública de cierto calado. La semana pasada manifestó que se proponía llevar adelante “una reforma muy profunda” de dicha ley, al objeto de que su articulado fuera “plenamente compatible con el crecimiento económico, la creación de empleo y la contribución a la crisis”. El anuncio alarmó a los grupos medioambientalistas, que lo consideraron una luz verde a la liberalización de la construcción en zonas costeras hasta ahora legalmente protegidas, dados sus valores naturales.
La voluntad de Arias Cañete es plausible en la medida en que se propone dinamizar la actividad económica y contribuir a superar la crisis. Pero no está claro que el principal objetivo de una norma legal redactada, ante todo, para regular la ocupación costera y evitar los abusos, sea el estímulo del sector de la construcción. En cambio, y por desgracia, sí está bastante claro que las épocas de edificación sin restricciones en el litoral han dañado los intereses colectivos. Una cosa es que la industria turística tenga sus exigencias. Y otra cosa bien distinta que se puede trabajar con criterios de rendimiento inmediato o con otros que valoran más los bene- ficios a largo plazo. Un grado de protección razonable de la costa obra en favor del interés general, al evitar una sobreexplotación del territorio que ha desprovisto ya de todo encanto demasiados parajes idílicos.
Atento a la citada alarma, el ministro se ha entrevistado esta semana con grupos ecologistas y ha ido matizando sus palabras. El martes, tras uno de estos encuentros, aseguró que mantendría los niveles de protección ambiental en la costa, puesto que su intención “no es desprotegerla sino agilizar los trámites”. Uno de sus colaboradores le apostilló al decir que la reforma sería “sosegada”. Con todo, la inquietud ecologista persiste.
España, como apuntábamos, sostiene parte de su economía gracias al turismo. No sólo el estacional, también el fijo, el de los extranjeros con residencia en nuestro país. Y luego están los españoles que hacen un uso intensivo de la costa. Estos niveles de ocupación tienen su precio. Sería ingenuo pretender que un país con esta población disfrutara de sus costas sin afectarlas lo más mínimo. Pero, naturalmente, conviene ser muy prudente a la hora de reformar la ley de Costas y, en todo caso, perseguir un doble objetivo. Porque si no se legisla con criterios de protección de la costa, los beneficios que se pueden obtener librando de trabas su urbanización pueden ser de una rentabilidad muy limitada.