La Generalitat suspendió 4.521 ayudas de renta mínima por irregulares
La Generalitat canceló el año pasado 4.521 expedientes de beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) –que supone una ayuda de 420 euros mensuales– porque no cumplían con los criterios fijados. Se trata de datos ofre- cidos por el Departament d’empresa i Ocupació, tras finalizar el proceso de revisión que inició el pasado mes de agosto.
El 33,4% de los expedientes suspendidos se han cancelado porque los beneficiarios habían salido de Catalunya sin comunicarlo a las autoridades. A otro 24,35% se les ha suprimido esa ayuda porque no respondieron al edicto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que se publicó el pasado noviembre y no se presentaron a la solicitud. Inicialmente la Generalitat publicó las identidades de 2.356 perceptores de la renta mínima de inserción que no conseguía localizar, de los cuales finalmente han dado señal de vida unos 1.200. En otro 21,2% de los expedientes suspendidos se ha descubierto que los beneficiarios tenían ingresos superiores a la RMI, también conocida como el Pirmi, y que habían cambiado de situación laboral sin comunicarlo a las autoridades, y el 11,% se han suprimido por no presentar- se a entrevistas ya concertadas con personal del Govern. Por último, el 9,6% dedicaba el dinero a actividades que no son de subsistencia.
En diciembre del año 2010, había 30.284 expedientes de Pirmi, una cifra que, por la revisión de agosto y por otras entradas y salidas registradas a lo largo del
El 33,4% de los beneficiarios son “castigados” por salir de Catalunya sin comunicarlo
año pasado, se redujo a 24.765.
Para la Mesa del Tercer Sector, la reducción de los expedientes de la Renta Mínima de Inserción (RMI) demuestran la “poca sensibilidad social” del Executiu. Desde la Mesa, que aglutina a 29 organizaciones, se recuerda además que los presupuestos de la Generalitat para el 2012 prevén que los perceptores desciendan todavía más, hasta los 18.000 beneficiarios, hecho que califican de “muy preocupante”. La portavoz del PSC en la comisión de Benestar Social i Família, Eva Granados, ha lamentado que “los beneficiarios están siendo víctimas de un recorte de los derechos sociales sin precedentes”.