Santamaría reafirma la voluntad de cumplir el déficit público
La vicepresidenta sale al paso de las dudas respecto al objetivo de llegar al 4,4% este año
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría dio ayer un primer golpe de timón. Reafirmó la voluntad del Gobierno de cumplir el objetivo de reducción del déficit público, que de momento supone el 4,4% del PIB en el 2012 con el fin de tranquilizar a los mercados. Además, dejó claro que cumplirá el compromiso asumido con los agentes sociales y no legislará sobre algunas materias si llegan a un pacto de rentas para congelar salarios.
Estas declaraciones venían precedidas de una intensa reunión
“Toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo y por eso cumplirá los objetivos”
del Consejo de Ministros. La vicepresidenta se ha visto obligada a ejercer su papel de coordinación y dejar claro que el Gobierno cumplirá el compromiso de austeridad y ajuste.
Esta aclaración resultaba imprescindible tras la interpretación que había realizado el diario Financial Times en su edición alemana de unas declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que habían sido interpretadas como dudas a la hora de cumplir el objetivo. La reflexión del ministro sobre el cambio de escenario que ha producido el hecho de que la economía decrecerá este año un 1,7%, en lugar de crecer el 2,3% que preveía el gobierno socialista en su plan de ajuste, sembraron la inquietud en las autoridades comunitarias que temen que el Gobierno de Rajoy no cumpla sus compromisos y finalmente no haga el ajuste.
Por esta razón, la vicepresidenta dejó clara la “voluntad y firmeza” del Gobierno de cumplir el objetivo. Recordó que la reducción del déficit es una medida “clave e imprescindible” para volver a crear empleo. “Toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo. Para eso, hay que cumplir los objetivos”. Aseguró que el Gobierno tomará más medidas si las circunstancias económicas hacen que tenga que trabajar “más y con más reformas. Lo vamos a hacer”, señaló la vicepresidenta, tras asegurar que el Ejecutivo intentará, “consejo tras consejo, cumplir objetivos y luchar contra los malos datos con más rigor y esfuerzo”.
Esta labor, explicó, se tendrá que complementar con las correspondientes reformas estructurales, que son “fundamentales” para dinamizar la economía y ayudar a la creación de empleo, que es su principal objetivo.
La realidad es que con estas de-
claraciones reafirma el compromiso del Gobierno, despeja las dudas y allana el camino al ministro de Economía, Luis de Guindos, que la semana que viene tendrá que dar la cara ante sus colegas en Bruselas durante la reunión del Ecofin. La presión de las autoridades europeas para que se cumpla el ajuste presupuestario es muy fuerte. El pasado martes el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, forzó un adelantamiento del calendario de reformas. Inicialmente, el Gobierno había previsto que se realizaran a lo largo del primer trimestre. Sin embargo, tras la entrevista, el presidente del Gobierno aceleró el proceso y la semana que viene se aprobará la reforma laboral. Previsiblemente, los cambios legislativos irán acompañados de un pacto de rentas que recoja la moderación salarial y que ultiman los agentes sociales.
Precisamente este fue el segundo problema que trató de resolver la vicepresidenta. En esta ocasión había sido provocado por un artículo de opinión publicado por el ministro Luis de Guindos, en el que defendía el contrato único. Se muestra partidario de revisar el sistema de negociación colectiva para que los salarios se ajusten en función de la productividad, y no de la inflación. Además, el ministro de Economía car- ga contra el sistema de negociación colectiva por sectores, que, según dice, ha sido “la principal razón de pérdida de competitividad que hemos sufrido en la última década”.
La vicepresidenta hizo un guiño a los agentes sociales para que no lo tuvieran en cuenta del todo porque el Gobierno respetará el compromiso asumido hace una semana. Es decir, que no legislará en determinadas materias laborales si patronal y sindicatos le presentan un pacto de rentas que permita salvar la cara al presidente en la cumbre del día 30 con una congelación de salarios.
Por esta razón dijo que el Gobierno no aprobará un contrato único como recomiendan los expertos y pide la patronal. Si bien desveló que se adoptarán medidas para reducir la elevada temporalidad. Insistió en que se adoptarán medidas para incre-
El Ejecutivo descarta el contrato único que le reclaman empresarios y numerosos expertos
mentar la flexibilidad interna en las empresas.
El Gobierno ha empezado ya a trabajar en los primeros borradores del proyecto de ley que tiene previsto aprobar en los próximos días. El diagnóstico de los problemas coincide con los que había realizado el gobierno socialista. Sin embargo, las soluciones que se proponen van en una dirección muy distinta. El gobierno socialista había autorizado cualquier tipo de modificación en la empresa siempre que fuera negociada, y en el caso de que no fuera posible el acuerdo, los empresarios y los sindicatos tendrían que someterse a un arbitraje. El planteamiento de la reforma que plantea el equipo del Ministerio de Empleo es eliminar los procesos negociados para hacer más rápidos los cambios.