El Gobierno aprobará esta semana una nueva estructura en Interior
Informes policiales señalan que ETA mantiene su organización y capta activistas
Cada viernes, a media mañana, desde los tiempos de los gobiernos de José María Aznar, en el Ministerio del Interior se celebraba una reunión de alto nivel. Presidida por el secretario de Estado para la Seguridad, asistían a ella el director adjunto operativo de la Policía y su comisario general de Información, el director adjunto de la Guardia Civil con el jefe de su servicio de Información y los jefes del área de terrorismo del CNI. Allá estaban las personas mejor informadas sobre ETA para analizar juntas la situación de esta organización, tomar el pulso a la lucha contra el grupo terrorista y estudiar las estrategias más convenientes para combatirlo. Formaban la mesa de coordinación de la lucha antiterrorista, el sanedrín de expertos que ha trazado las líneas de acción que han ido acorralando poco a poco a ETA hasta forzarle a anunciar la renuncia a la violencia.
Los desajustes en el terreno operativo que se manifestaron a raíz de los atentados del 11-M del 2004 llevaron al gobierno socialista a crear nuevos organismos como el Comité Ejecutivo del Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (CEMU), el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) o el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Algunos responsables policiales, tanto del CNP como de la Guardia Civil, cuestionan en la actualidad esta estructura o, como mínimo, el modo en que han funcionado algunos de estos organismos y piden que se revisen las funciones.
Al formar el nuevo Gobierno, el presidente Mariano Rajoy en- cargó a un hombre de su plena confianza, Jorge Fernández Díaz, ponerse al frente del Ministerio del Interior, un departamento que tiene, entre otros retos, la tarea de gestionar la situación política creada tras el anuncio de ETA de abandono de la violencia efectuado el 20 de octubre. El ministro ha ido nombrando a sus colaboradores más directos y tiene previsto llevar el próximo viernes al Consejo de Ministros la nueva estructura del ministerio. En Interior se está preparando esa reestructuración y, aunque todavía no se sabe el detalle de las reformas, cobra fuerza la hipótesis de que el CNCA, la joya de la corona del anterior gobierno, que lo creó siguiendo el modelo del JTAC británico, va a pasar a depender del secretario de Estado en vez de hacerlo del ministro como hasta ahora. Sea cual sea la estructura final, en los planes del ministro está controlar de cerca y de manera personal todo lo concerniente al terrorismo.
El tipo de estructura que se establezca determinará cuáles son las opiniones que se escuchan en la cúpula del ministerio a la hora de tomar decisiones y, por tanto, quién influye en esas decisiones. Pero esa no es la única cuestión a la que tienen que hacer frente Jorge Fernández Díaz y su equipo. Casi sin tiempo de aterrizar en el cargo se han encontrado con la necesidad de tener que definir su postura sobre cuestiones urgentes que planteaban al Gobierno los partidos vascos. La política penitenciaria aplicada a los etarras es una de ellas. El PSE y el PNV, por no hablar de la izquierda abertzale, que va más allá, reclaman un acercamiento de los presos de ETA y ponen el acento en dar facilidades para la reinserción de los reclusos, pese a que el colectivo oficial que agrupa a la mayoría de los internos, seguidores de la línea ortodoxa de la banda, ha dicho por activa y por pasiva que rechazan los mecanismos legales para conseguir beneficios penitenciarios.
La semana pasada, el Ministerio del Interior concedió el tercer grado penitenciario a un etarra, José Manuel Fernández López de Nanclares, después de haber roto con ETA y haber manifestado por escrito su arrepentimiento. Con ese gesto el Gobierno transmitía el mensaje de que avalaba el mantenimiento de la vía Nanclares abierta por Rubalcaba y que estaba dispuesto a reinsertar a los que se quieren reinsertar y dan los pasos necesarios. Es un movimiento importante, pero Fernández Díaz va a seguir teniendo presiones para aplicar también el acercamiento generalizado de los otros presos, los que se mantienen fieles a ETA y rechazan la vía Nanclares.
El aval a la vía Nanclares es el segundo gesto que hace Fernández Díaz hacia los socialistas después de haber viajado a Bilbao
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
para reunirse con el consejero Rodolfo Ares y apoyar su proyecto de centro memorial de las víctimas del terrorismo. Esa mano tendida, que forma parte de la apuesta por la unidad de los demócratas expresada por el ministro en su comparecencia ante el Congreso, no evita que desde el PSE se siga presionando al Ejecutivo de Rajoy, como hizo el lehendakari en su reunión con el presidente al que reclamó la legalización de Sortu, el acercamiento de presos y terceros grados para reclusos enfermos. Todo, según dice, para evitar que la izquierda abertzale explote el victimismo como baza electoral.
El terreno de juego del Ejecutivo está marcado también por los últimos informes policiales en los que han aparecido algunos tonos más pesimistas que en meses pasados al constatar que, pese al abandono de la violencia, ETA sigue sus tareas de reconstrucción de estructuras. Fuentes francesas de la lucha antiterrorista advierten, incluso, que se han detectado tareas de captación de nuevos activistas. No es un reclutamiento numéricamente importante, pero ha servido para que se enciendan algunas luces rojas. Las mismas fuentes sostienen que los etarras han acatado la decisión de poner fin a la violencia, pero que en las filas de la banda sigue habiendo pistoleros que están dispuestos a coger las armas.
Ahí entra en juego la política “inteligente”, según los términos utilizados por el propio ministro en el Congreso, encaminada a medir cada paso que permita aprovechar “las oportunidades que la nueva situación ofrece”. La política penitenciaria y el conjunto de la política antiterrorista “comparten el objetivo de que ETA desaparezca definitivamente”.
En el ministerio se mantiene la convicción de que ETA no intentará hacer nada al menos antes de la celebración de las elecciones autonómicas previstas para el 2013, pero por si acaso no se baja la guardia. La reciente captura de tres etarras revela que las tareas organizativas de ETA no cesan.