La huelga general

LOS dos sindicatos mayoritarios españoles, UGT y CC.OO., anunciaron ayer una huelga general contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy para el próximo 29 de marzo como protesta ante las medidas económicas que impulsa el Ejecutivo popular y muy concretamente la reforma laboral, que pasó el jueves su primer trámite en el Congreso. La iniciativa de los sindicatos, cuando tan sólo hace 79 días de la toma de posesión del presidente del Gobierno, que recibió una negativa herencia económica –muy superior a la anunciada previamente por el ejecutivo saliente–, es difícilmente justificable. O no. La explicación está en la proximidad de las elecciones andaluzas, en las que la izquierda se juega por primera vez abandonar la Junta. El ruido de las jornadas previas a la convocatoria de huelga va a ser utilizado como reclamo para movilizar al electorado de PSOE y de IU, y eso, que es algo absolutamente legítimo, tiene poco que ver con la reforma laboral. No hay observador de la situa- ción económica española mínimamente formado que no haya concluido hace mucho tiempo que el marco laboral era más una antigualla de tiempos pasados que un espejo de lo que sucede en el resto de Europa. A eso había que poner fin lo más rápidamente posible y el Gobierno no erró en su decisión. Es obvio que la tramitación parlamentaria deberá ajustar algunos puntos que el proyecto ha dejado demasiado inconcretos o temas competenciales de las comunidades autónomas. Pero lo sustancial no va a ser objeto de modificación parlamentaria sea cual sea el resultado de la huelga. En este sentido, Rajoy ya sabe que una huelga general durante su presidencia era casi obligada. La única incógnita era cuándo.