El Gobierno quiere un “bilingüismo integrador” en las aulas catalanas
El president Mas asegura que “con o sin sentencia” no variarán el modelo
La última palabra sobre la inmersión lingüística en catalán no está todavía dicha. El Gobierno central quiso mostrar prudencia ayer, pero dejó claro que por encima del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) está el Tribunal Supremo. El alto tribunal catalán avala en su última sentencia el uso del catalán como lengua vehicular en las escuelas y limita a casos particulares la obligación de ofrecer educación en lengua castellana a las familias que lo reclamen. Respeto a la resolución judicial pero recordando que “hay un recurso pendiente” ante el Supremo. “Y habrá que estar a lo que diga ese recurso”, apostilló.
La reacción oficial del Ejecutivo de Rajoy llegó después del Consejo de Ministros por boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien subrayó que sobre la inmersión existen resoluciones del TSJC y del Tribunal Supremo. “Y sabemos que unas crean jurisprudencia y otras no”, señaló. Y las que lo hacen son las sentencias del Supremo. Por eso quiso resaltar que lo mismo que hay que respetar el fallo del TSJC, y recurrirlo si es menester, hay que respetar las resoluciones anteriores que dictó el Supremo en las que se reclama a la Generalitat que garantice el derecho de las familias que deseen que el castellano sea lengua vehicular en la educación de sus hijos. “Los ciudadanos no tienen por qué demandar que les protejan sus derechos”, dijo, y añadió que el recurso a los tribunales es un derecho que concede la Constitución para “tutelar lo que no se respeta”.
Al margen de las consideraciones judiciales, la vicepresidenta