El precio social del cambio
Btancial. Un precio se paga, y punto.
Contengamos, por tanto, los acentos del dramatismo. El día 30 de marzo, después del gran desafío, se reunirá el Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría dirá unas frases amables y los presupuestos saldrán como han sido concebidos, con los mismos recortes y la misma reducción del gasto. Entonces, ¿para qué se hace la huelga? Al margen de no dejar pasar la reforma ueno, ya está. Tanto preguntar si habrá huelga general, y ya ha sido formalmente anunciada. En realidad, había sido convocada por Mariano Rajoy aquel día de Bruselas: “Y me costará una huelga”. Después de esa declaración, los grandes sindicatos no podían decepcionar ni al público ni al presidente. Renunciar a la huelga era una rendición. No se observa clima de paralización del país. No existe el ambiente social de cabreo colectivo con el Gobierno comparable al que provocaba la arrogancia de Felipe González en el año 1985. Pero, si se protestó contra la tímida reforma laboral de Zapatero, ¿cómo los sindicatos se podían quedar quietos ante la de Rajoy, que, encima, es de derechas?
Por declaraciones públicas y conversaciones privadas, tengo razones para sostener que el Gobierno tuvo siempre “descontada” esta huelga. La consideró un trámite costoso, pero necesario, del meneo que le está dando al país. No se modifica un sistema de relaciones laborales sin meter la mano en el nido sindical de las serpientes. Esto es así, y todo lo demás es literatura de acompañamiento: la apelación al diálogo, la retórica referencia al derecho de huelga o las estériles llamadas socialistas a negociar. Rajoy sabe que esta huelga es el precio social del cambio, y no modificará nada sus- sin penalización, veo, sobre todo, una razón sindical. Si Méndez y Toxo fuesen plenamente sinceros, dirían que no protestan sólo por el despido, sino por el poder y el dinero que pierden con la reforma. Poder, dentro de las empresas. Dinero, en el trámite de los ERE y en el capítulo de formación.
Más discutibles son los perjuicios políticos. Primero: una huelga en pleno periodo reformista divide a la sociedad entre quienes defienden que Rajoy necesita tiempo para encarrilar el desastre económico y quienes lo ven como un instrumento del capitalismo feroz. Eso no beneficia a la paz social.
Segundo: no son iguales las elecciones andaluzas y asturianas en periodo de tranquilidad que en medio de una agitación huelguística. Ignoro a quién beneficia, pero temo que no sea buena noticia para Javier Arenas.
Y tercero: el daño a la imagen de España que invoca el Gobierno. Discrepo. Un país en estado de protesta nunca es el mejor mensaje a los mercados, pero Rajoy puede lucir otra medalla, la que dice: fiaros de mí, actúo con valentía en la línea que queréis; hago lo que tengo que hacer, aunque me cueste una huelga general. La conclusión no es esplendorosa: si la huelga es un trámite para el Gobierno, si no garantiza la rentabilidad sindical, ni va a cambiar nada, ¿cuál es su utilidad? Pagar un precio social. Nada más.