Rajoy ratifica la exclusión sanitaria de los simpapeles

La Defensora del Pueblo pedirá la supresión de la medida

No hay cambios. Los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular a partir del 1 de septiembre perderán la tarjeta sanitaria y no recibirán asistencia, salvo en caso de urgencias por enfermedad o accidente, embarazo (a las que se atenderá hasta el posparto) y a los menores de 18 años. Así lo aprobó ayer el Consejo de Ministros, que prefiere pasar de puntillas por el tema de los inmigrantes simpapeles y centra la atención en el final del turismo sanitario, que, el Ejecutivo vuelve a reiterar, ahorrará mil millones de euros anuales.

Sobre este último tema, los profesionales sanitarios no dijeron nada pero sí levantaron la voz contra la pérdida de la cobertura a los inmigrantes en situación irregular al considerar que no hacerlo es “una violación de las obligaciones éticas de los profesionales de la salud”. Y, además, porque dejar sin cobertura a una parte de la población puede convertirse en un problema de salud pública al dificultar el control de enfermedades transmisibles como la tuberculosis en atención primaria. Precisamente han sido la So- ciedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) las que más han levantado la voz contra esta medida, e incluso han instado a los médicos a declararse objetores y atender a los inmigrantes simpapeles.

También han protestado contra esta decisión decenas de oene-

Las oenegés serán las encargadas de la atención sanitaria de los inmigrantes sin tarjeta, según Mato

gés, entre ellas, Médicos del Mundo, Cáritas, Cear, la Red Acoge, SOS Racismo, la asociación Salud y Familia, Pueblos Unidos o la Iglesia evangélica española y Amnistía Internacional. Creen que esta decisión vulnera el disfrute del derecho a la salud de este colectivo y pone en riesgo su vida. Además, se muestran totalmente contrarios a la decisión de la ministra Ana Mato de remitir a los inmigrantes simpapeles con problemas de salud a las oenegés para que los atiendan.

Y a esta suma de rechazos hay que unir la de la recién elegida Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien hace escasos días ya anunció que iba a pedir al Ejecutivo de Rajoy que no retire la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

No lo ve así el Gobierno, que insiste en que la cobertura que se ofrece a los simpapeles “es una de las más amplias” que se ofrecen en los países europeos. El Ejecutivo considera que el proyecto de real decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario garantiza “la universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros con residencia legal”, “un mayor control y transparencia”, ya que se clarifica la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios y asegura la solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública frente a las dificultades económicas.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el organismo único encargado de decretar en exclusiva la condición de asegurado y beneficiario del Sistema Nacional de salud.