Importar basura para sortear la crisis
Mallorca estudia tratar residuos de países europeos para rentabilizar su incineradora a partir del año próximo
Baleares vuelve a ser el centro del debate sobre la crisis y sus efectos en el medio ambiente. Una medida promovida por el PP en dos instituciones, el Parlament y el Consell de Mallorca, ha activado las alarmas de la oposición y de los ecologistas. Se trata de la importación de basuras de países europeos con el fin de rentabilizar la incineradora de Son Reus, donde se ubica la principal planta de tratamiento de residuos de las islas. Los conservadores se congratulan por una medida que, dicen, evitará subir la tasa de incineración que pagan los ciudadanos. Los críticos temen la isla se convierta en el basurero de Europa, con el daño que ello supondría a su imagen exterior.
El proyecto del Consell, el gobierno insular de Mallorca, prevé que a partir de 2013 lleguen en barco hasta 200.000 toneladas anuales procedentes de Reino Unido, Irlanda e Italia para ser calcinadas en la isla. Los “combustibles sólidos recuperados”, como se han presentado públicamente, llegarán tratados y compactados por lo que, según el PP, no contaminarán ni emitirán olor. Además del ahorro ciudadano en tasas, se espera que los envíos generen un volumen de actividad de 14 millones de euros entre las empresas locales y 350 puestos de trabajo, una cifra nada desdeñable en tiempos de crisis.
Bajo este nuevo anuncio subyace uno de los principales problemas económicos de la isla. En 2006 se diseñó la ampliación de la incineradora para adaptarla a la presión demográfica que supone recibir más de 10 millones de turistas al año. El proyecto, que costó 376 millones de euros, llevaba aparejada la ampliación a la empresa concesionaria de la planta hasta el año 2041. Cinco años después, los hornos están listos pero la llegada de residuos a Son Reus ha caído en picado por la crisis, en buena medida porque las empresas que los generan quieren ahorrarse las tasas de tratamiento. Dado que la incineradora no es rentable, los técnicos plantearon dos opciones: subir la actual tasa de tratamiento de residuos que pagan los ciudadanos de 131 a 141 euros por tonelada, o bien empezar a importar las 200.000 toneladas que faltan para hacerla viable. Finalmente, el PP ha abrazado la segunda solución, que hasta hace unos meses rechazaba.
Los grupos ecologistas, con el GOB a la cabeza, advierten que Baleares, pese a su reducido territorio, se convertirá en la segunda comunidad que más incinera detrás de Catalunya y denuncian el “negocio sucio” que se esconde detrás del modelo privatizado de gestión de residuos. La medida
La oposición al PP y los ecologistas rechazan la iniciativa y temen que la isla sea “un basurero”
no ha gustado tampoco en dos municipios gobernados por el PP. Son los de Alcúdia, donde está previsto que lleguen los barcos con los residuos, y Bunyola, muy cerca de donde se ubica la incineradora. Los responsables del Consell y de la empresa concesionaria, Tirme, aseguran que la importación es una solución coyuntural y que encaja en las políticas de la Unión Europea, que promueve la llamada “valorización energética”, junto con el reciclaje y la reutilización.