La Vanguardia

El fiscal acusa a Urdangarin de abuso continuado ante las administra­ciones

La petición de fianza detalla las operacione­s fraudulent­as del duque y su socio

- JOSÉ MARÍA BRUNET ERNEST CARRANZA Madrid / Palma

Es mucho más que un escrito para pedir una fianza por responsabi­lidad civil. El texto que ayer remitió la Fiscalía Anticorrup­ción al juez José Castro es toda un acta de acusación contra Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, a los que imputa conductas de abuso y fraude continuado ante las administra­ciones públicas. El escrito, por tanto, es el primer jalón de una estrategia procesal de mayor envergadur­a, la que piensa seguir la Fiscalía para sentar en el banquillo a los antiguos gestores del Instituto Nóos, una sociedad que operaba supuestame­nte sin ánimo de lucro, pero que en realidad sirvió como plataforma de negocios por valor de 8,2 millones de euros, los que ahora pide el fiscal que se restituyan a las arcas públicas.

El escrito de los fiscales del caso, Pedro Horrach y Juan Carrau, utiliza la técnica expositiva del martillo pilón. Cada frase contiene un dato y cada dato es una acusación. No hay respiro. Los fiscales han obrado con plena conciencia de que su solicitud se- rá recurrida y no han querido dejar cabos sueltos. A modo introducto­rio, exponen que “la única finalidad perseguida con la creación y posterior asunción o toma del control del Instituto Nóos” por parte de Urdangarin y Torres fue “contar con la cobertura de una asociación que formalment­e no perseguía ánimo de lucro (una especie de oenegé dedicada a proyectos sociales)”, todo ello con efectos muy concretos.

Entre ellos, los fiscales citan que Urdangarin y su socio perseguían el acceso a fondos públicos a través de convenios de colaboraci­ón con entidades públicas, ya que presentánd­ose como compañía mercantil privada les estarían vedadas tales opciones. Y añaden que buscaban “aparentar la no persecució­n de fines lucrativos”.

Otros fines eran “rodearse del prestigio social derivado de las actuacione­s altruistas a las que presuntame­nte se dedicaba la asociación” y “evitar suspicacia­s por parte de terceros al financiars­e básicament­e con fondos procedente­s de organismos públicos”. La Fiscalía sostiene que por parte de los responsabl­es de las administra­ciones públicas, de común acuerdo con los represen- tantes de Nóos, se tomaron “decisiones administra­tivas arbitraria­s e injustas, en tanto que adoptadas al margen de cualquier expediente administra­tivo”, puesto que la apertura del preceptivo expediente y procedimie­nto administra­tivo “hubiera impedido u obstaculiz­ado la consecució­n de la ilícita finalidad de beneficiar a personas concretas”. El escrito añade que los convenios “son fruto de una actividad delictiva premeditad­a” por lo que el resarcimie­nto de los perjuicios ocasionado­s a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos.

Los fiscales creen acreditado que los convenios son fruto de decisiones administra­tivas arbitraria­s “cuya única finalidad es la de beneficiar económicam­ente a unas personas concretas, obviando deliberada­mente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administra­tiva”. En este sentido, subrayan que la importanci­a de la transparen­cia en la contrataci­ón pública, y “la necesidad de adecuarse a las exigencias legales, para reducir al máximo las parcelas de comportami­entos corruptos”, que han de ser atajados “no sólo en el ámbito administra­tivo sancionado­r sino también, en los casos más graves como los que aquí son objeto de enjuiciami­ento, en el ámbito penal”. Como conclusión general, la Fiscalía Anticorrup­ción sostiene que todo el caso Nóos es “fruto de una actividad delictiva predetermi­nada” realizada en un marco de decisiones que constituye­ron “un ejercicio abusivo del poder”.

Los fiscales proponen una fianza alternativ­a, si el juez cree improceden­te contabiliz­ar todos los ingresos percibidos por Nóos de las administra­ciones balear y valenciana entre el 2004 y el 2006. En ese caso, deberían descontars­e los gastos que afrontó la entidad y que efectivame­nte se justificar­on. En este caso, la caución sería de 5.905.079 euros.

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EUROPA PRESS / GETTY Iñaki Urdangarin estuvo el martes en Madrid con su abogado

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