El presidente egipcio decreta que todas sus decisiones son inapelables
Morsi destituye al fiscal general y revisará los juicios a los hombres de Mubarak
El rais Mohamed Morsi, en un golpe de fuerza presidencial, ha publicado un decreto que prohíbe poner en entredicho sus decisiones y decretos adoptados. El prestigioso dirigente de la oposición egipcia y premio Nobel de la Paz, Mohamed el Baradei, le ha acusado de comportarse como “un nuevo faraón”. Los anteriores presidentes, Mohamed Hosni Mubarak y Anuar el Sadat, fueron tratados muchas veces así por sus adversarios políticos.
La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Tahani el Yebali, dijo que la declaración constitucional de Morsi “le convierte en un presidente ilegítimo”, al colo-
El acopio de poderes presidenciales hace que Morsi empiece a ser visto como “un nuevo faraón”
carse por encima del Alto Tribunal y decretar que sus decisiones sean “inapelables”.
En otro texto legal, Morsi ha dispuesto que no se puede disolver la Asamblea Constituyente, cuya principal tarea es redactar la Carta Magna que debe regular el funcionamiento de la nueva república. Este cuerpo legislativo, formado por cien miembros –entre ellos el que fue secretario general de la Liga Árabe y ministro de Asuntos Exteriores Amro Musa, dirigentes salafistas, represen- tantes de la universidad de Al Azhar, sacerdotes coptos...–, podrá contar con otros dos meses para concluir el esperado texto constitucional que debía estar elaborado en diciembre próximo.
Pero el decreto que más ha llamado la atención es el que ha firmado Morsi por el que destituye al poderoso fiscal de la República, Abdel Mayid Mahmud, que había sido nombrado por el expresi- dente Mubarak. Hace pocas semanas, el jefe del Estado ya había tratado de sustituirle por otro magistrado, pero Mahmud le plantó cara afirmando que ejercía su cargo hasta su jubilación, consiguiendo continuar en el puesto y rechazando la oferta de enviarle al Vaticano como embajador.
Con el nuevo fiscal general, Talat Ibrahim, podrán revisarse los juicios celebrados contra dirigentes del anterior régimen, implicados en acciones represivas contra los manifestantes que el año pasado se congregaron en la plaza Tahrir y en otros lugares de Egipto pidiendo la dimisión de Mubarak, que habían sido absueltos en base de amañadas pruebas. El anterior fiscal general –un cargo cuya designación correspondía hasta ahora a la judicatura– era considerado por muchos egipcios como un protector de los corrompidos colaboradores de Mubarak.
Después de poner firmes a los jefes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que tenía la máxima autoridad en Egipto desde la caída de Mubarak –encabezado por el mariscal Husein Tantaui, ministro de Defensa, y el general Sami Anan, jefe del Estado Mayor, destituidos de golpe el pasado 12 de agosto–, el nuevo presidente de la Cofradía de los Hermanos Musulmanes se propone supervisar el poder judicial.
La extensión de sus atribuciones, pese a las lagunas legales de este país en transición política, preocupa en Egipto. ¿Se encaminará el país de una dictadura militar a una dictadura religiosa?