Un error judicial desbarata la operación policial contra la mafia china
La Audiencia Nacional ordena dejar libre a un detenido, al que pueden seguir nueve
La operación policial llevada a cabo hace un mes en Madrid contra la mafia china puede venirse abajo, al menos parcialmente, por un error judicial. La sala penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer la excarcelación de uno de los detenidos, Kay Yang, por considerar que rebasaron injustificadamente las 72 horas de privación de libertad antes de que el juez decidiera sobre su situación personal. El auto de la sala afirma que el juez amplió ilegalmente el plazo de detención de 72 horas sin legalizar la situación del arrestado. Se sobrepasó, en suma, el periodo máximo de detención, y para reparar esa equivocación, Kay Yang debe quedar en libertad.
El problema es que hay otros nueve detenidos en la misma situación, y es altamente probable que también abandonen su situación de prisión preventiva. Todo ello puede afectar al curso de la investigación, sobre todo si, a partir de su salida de prisión, la Audiencia no pudiera asegurar que siguen a disposición del magistrado Fernando Andreu, que fue quien dirigió la operación y bajo cuyas órdenes actuó la policía.
Este dato, el de que el juez estuviera al frente de las diligencias desde el primer momento, está en el origen del error cometido. La sala penal ha entendido que los miembros de la mafia china no fueron primero detenidos y luego puestos a disposición judicial, dentro del plazo de las 72 horas siguientes a su apresamiento, sino que el citado magistrado fue quien autorizó u ordenó las detenciones, de modo que el plazo de los tres días empezaba a contar desde ese momento. El juez, a su vez, afirmó ayer que estima que su decisión fue correcta, aun- que asume y acata la resolución de la sala penal que obliga a poner en libertad a los detenidos de la mafia china.
Las explicaciones del juez Andreu se basan en su convicción de que al autorizar las primeras diligencias no tenía por qué empezar a contar el plazo de las citadas 72 horas, porque fue la policía la que practicó las detencio- nes a resultas de sus investigaciones. “Considero –manifestó ayer el magistrado– que es una detención ordenada por un juez, pero en periodo de investigación policial”. El juez añadió que, desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la “disponibilidad” de la policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello –añade– es que fue la policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez, que nunca comunicó nada a este respecto a los agentes. Andreu afirmó que este caso es distinto del que contempló la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso Malaya –en la que se apoya el auto de excarcelación–, ya que aquella fue desde el primer momento una detención judicial, mientras que no fue así en el caso de la mafia china, porque durante el desenlace de la operación Emperador se llevaron a cabo múltiples diligencias policiales.
El juez Andreu apuntó que cuando el día 18 –los imputados fueron detenidos el día 16– dictó el auto prorrogando la prisión, se comunicó a los detenidos que a partir de ese momento se ponían a disposición del magistrado. Añadió que si decidió prorrogar esta detención y no mandarlos a prisión directamente fue para evitar que fueran a la cárcel sin haber declarado antes. “El auto (de la sala penal) dice que la solución hubiera sido decretar su prisión sin oírlos y, yo, la interpretación que hago al amparo de los principios constitucionales es que el juez debe oírlos antes”, manifestó. Finalmente, sostuvo que este tipo de prórrogas son “habituales” en la Audiencia Nacional y que se ha actuado de la misma forma en casos de presos etarras sin que nadie haya recurrido este tipo de decisiones.