Nuevo ajuste de las pensiones
EL enorme aumento del paro en los últimos cinco años de crisis ha convertido en una urgencia ineludible el adelanto de la necesaria reforma del sistema de pensiones. España no sólo acusa un creciente envejecimiento de la población, derivado de la baja natalidad y de una elevada esperanza de vida, sino una drástica caída del número de cotizantes a la Seguridad Social a causa de la depresión económica que sufre. El primer problema que resolver es el de la manifiesta incapacidad de la economía española para crear empleo. Pero, mientras eso no se logre, es fundamental apuntalar el sistema de pensiones públicas, tal como pretende el Gobierno, incluso con más intensidad de lo hecho con las reformas efectuadas hasta ahora, la última de las cuáles, en el 2011, retrasó progresivamente la jubilación a los 67 años.
En el Consejo de Ministros del pasado viernes se adoptaron, entre otras, dos medidas importantes. La primera es una nueva penalización de las jubilaciones anticipadas, que se retrasarán progresivamente dos años –hasta la edad de 63 años– y resultarán más caras. Una medida en este sentido era necesaria, porque, como ha dicho la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, hay que corregir el contrasentido de que, mientras se alarga la edad de jubilación, se produzca, paralela- mente, un auge de las jubilaciones anticipadas, muchas veces propiciadas por las empresas para facilitar la aplicación de expedientes de regulación de empleo. Baste señalar que, en el 2012, el 42% de las altas de jubilación fueron anticipadas, lo que constituye un porcentaje excesivamente alto.
El otro aspecto clave de los acuerdos del Consejo de Ministros del viernes es el impulso del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, que se preveía en la reforma del 2011 y que consiste en la definición de una fórmula matemática que regule periódicamente las condiciones de jubilación y el importe de las prestaciones en función del número de cotizantes, de la evolución de la esperanza de vida y del crecimiento de la economía. A través de este mecanismo, el ajuste de las pensiones dejará de tener el aspecto extraordinario y excepcional que tiene en la actualidad para adquirir un carácter permanente.
Estaba previsto que el factor de sostenibilidad entrase en vigor en el 2027, pero, a la vista de como van las cosas, el Gobierno quiere ponerlo en marcha a partir de junio, para lo cual creará de inmediato una comisión de expertos para que efectúe propuestas. No es difícil augurar un debate intenso, polémico y conflictivo sobre esta cuestión tan delicada e importante.