Griñán recurre la imputación de Magdalena Álvarez por los ERE
El caso Bárcenas, excusa de PSOE e IU para vetar un pleno en Andalucía
Guerra total contra el auto de la juez Alaya que imputa a veinte cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre ellos Magdalena Álvarez y el actual vice consejero de Presidencia, Antonio Lozano, y al ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez. Los servicios jurídicos de la Junta presentaron ayer un recurso contra la decisión de la juez por falta de concreción en los delitos que les imputa. Con toda probabilidad, Alaya rechazará el recurso y tendrá que ser la Audiencia la que, a instancias de nuevo de la Junta, deba tomar la siguiente decisión.
El recurso del Gobierno Griñán estaba cantado nada más conocerse el auto, el día 2 de este mismo mes, dado que todos los dirigentes del PSOE dijeron desde el primer momento que es “perfectamente recurrible” por no imputar delito alguno. Esa “falta de consistencia” es lo que esgrime la Junta para oponerse a las imputaciones.
En concreto, para imputar a la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento, la juez se refiere únicamente a que le correspondía “velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad”. En otro punto del auto, Alaya les re- procha que “en la ejecución de sus respectivas competencias habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos”. Lo que no hace la juez es ponerle título a los presuntos delitos en que pudieran haber incurrido y eso, junto a la dilación que suele ha- ber entre la imputación formal y la citación para tomarle declaración a los interesados, le vale a la Junta para sostener su recurso contra el auto. De momento, el único que tiene fecha para declarar, el 25 de julio, es el ex interventor general.
El Partido Popular no tardó en reaccionar ante el recurso y anunció que solicitará a la juez Alaya que retire la personación de la Junta como acusación particular. La denuncia del PP viene precedida de la polémica en torno a la posibilidad, anunciada por la propia Junta, de que la Administración andaluza preste servicio jurídico a los imputados por el reciente auto de la juez. La vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP andaluz, Alicia Martínez, señaló que “no es posible ser acusación y defensa al mismo tiempo en el mismo caso”.
En cambio, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), justificó el recurso diciendo que persigue defender el Estatuto de Autonomía y la legalidad de los presupuestos que aprueba el Parlamento. El cierre de filas de IU también se trasladó a la Cámara andaluza, donde los dos partidos coaligados en el Gobierno unieron sus votos para rechazar ayer la propuesta del PP que pedía la celebración de un pleno extraordinario para que Griñán dé explicaciones sobre los ERE. Ambos partidos esgrimieron como argumento la negativa del PP a debatir en el Congreso sobre el caso Bárcenas. El vice secretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, señaló que el pleno extraordinario sería una cortina de humo para tapar el “espectáculo vergonzoso del cobro de sobresueldos por parte del PP”.