El Síndic pide ayudas más justas para afectados por hipotecas
Rafael Ribó considera insuficiente la ley de medidas sobre ejecución hipotecaria y el fondo social de viviendas
Más de un año después de las principales medidas del Gobierno y el Parlamento españoles para paliar la situación de la población afectada por el impago de hipotecas y por desahucios, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó ha insistido en la insuficiencia de las mismas y en la necesidad de mejorar la protección a estas familias.
Ribó, en un balance hecho público ayer, insiste en una propuesta que lanzó en julio del año pasado: un sistema de reordenación de deudas gratuito para los casos de familias que, de buena fe, no puedan hacer frente a los pagos por causas sobrevenidas ajenas a
El Síndic reclama triplicar el número de pisos del Fondo Social de la Vivienda para alquiler social
su voluntad. También recomienda que se destine a alquiler social el 30% de los pisos adquiridos a bajo coste por el Fondo Social de Viviendas (FSV) constituido en enero del 2013.
Entre las medidas que han entrado en vigor y que afectan a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, destacan la ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social (aprobada en mayo del año pasado), y la constitución del citado FSV. La ley citada se aprobó tras la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) cuyas propuestas fueron muy alteradas. El Síndic hace un balance en esta misma línea y considera insuficiente esa ley.
Entre otras razones, el Síndic señala que la suspensión de ejecuciones hipotecarias del código de buenas conductas (modificado por aquella ley) es sólo una medida coyuntural, limitada a dos años, en lugar del sistema de reordenación de deudas que él mismo propuso y que, a su juicio, habilitaría una vía de solución eficaz de ahora en adelante, sin plazo marcado. Ribó considera también que la medidas adoptadas hasta ahora se dirigen a un colectivo restringido de deudores, si bien en ellos concurren circunstancias personales y económicas especialmente graves.
El Síndic plantea la necesidad de un sistema que dé solución a “todos los deudores de buena fe que se encuentren en una situación de sobreendeudamiento sobrevenida”. Este sistema debería basarse en acuerdos amistosos, con la intervención de una comisión administrativa de negociación.
En cuanto al FSV (que compromete a 33 entidades financieras), Ribó cree insuficiente el número de viviendas destinadas a alquiler social. Son 5.891 viviendas, un 10,57 % de las que dispone la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, o banco malo). En su informe, ve “imprescindible” destinar a alquiler social como mínimo el 30% de las viviendas del banco malo.
El Síndic también ha reclamado una modificación legal para eximir del pago de plusvalías a quienes pierden la vivienda por una ejecución hipotecaria. A falta de esta modificación, el Síndic se felicita de que muchos ayuntamientos hayan aprobado estas exenciones por otras vías.