El frente español por los astilleros se va de Bruselas con las manos vacías
Almunia insiste en que las ayudas fueron ilegales y pedirá su devolución parcial
Caras largas en el desfile de representantes políticos, sindicales y empresariales que ayer compareció ante la prensa en Bruselas tras reunirse con el comisario de Competencia, Joaquín Almunia. Su objetivo, mitigar el impacto de la inminente decisión de la Comisión Europea de declarar ilegales las subvenciones fiscales concedidas al sector naval entre los años 2005 y 2012.
El resultado de la reunión se verá el 17 de julio, cuando Almunia proponga al colegio de comisarios europeos pedir a España que recupere parte de las ayudas concedidas. Pero ayer la delegación española dio la impresión de irse de Bruselas con las manos vacías y pocas esperanzas de que el bilbaíno reconsidere su decisión. El comisario se mostró “inflexible” en sus argumentos, indicaban fuentes del sector.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, fue más optimista y consideró que “hasta el último minuto hay tiempo” para modificar la decisión. Los presidentes del País Vasco (Íñigo Urkullu), la Xunta de Galicia (Alberto Núñez Feijóo) y el de Asturias (Javier Fernández) no ocultaron su preocupación y reclamaron la intervención personal de Mariano Ra- joy. Temen la pérdida de 87.000 empleos en la región.
Almunia dijo hace unos días que había “margen” para revisar la decisión, pero ayer lo dio por agotado con su propuesta de que sólo devuelvan parte de las desgravaciones los inversores –es decir, las corporaciones que se im- plicaron en el negocio financiero– pero no los astilleros ni los compradores de los barcos.
El principal objetivo de la reunión que la devolución se limite a las ayudas concedidas a partir de junio del 2011, es decir, cuando Bruselas expedientó a España por su presunta ilegalidad. Hasta entonces “nunca nadie en Bruselas dijo nada sobre el sistema”, denunció Soria. “Y cuando se dijo fue para reconocer que era totalmente compatible con las leyes europeas”, recalcó, en referencia a una carta enviada en el 2009 por la ex comisaria de Competencia, Neelie Kroes, a las autorida- des noruegas sobre el plan español de ayudas. Según Almunia, ha sido analizada “en profundidad” y no sirve como defensa porque “ni es un acto formal de la Comisión ni se refiere al tema” investigado. La carta, en efecto, habla de qué tipo de inversiones pueden acogerse al sistema y no del entramado fiscal en sí, pero Kroes en ningún momento advierte a potenciales inversores que dude de su legalidad.
Soria está empeñado a explotar este argumento y tras reunirse con Almunia se entrevistó con Kroes. su antecesora en el cargo. Kroes, actual comisaria de sociedad de la información. se limitó a “escuchar sus argumentos”, explicaron fuentes de la Comisión.
Competencia propone que sólo devuelvan ayudas los inversores, pero no los astilleros ni los armadores
El Gobierno también mantiene contactos con el responsable de Industria, el italiano Tajani, en busca de aliados para obligar a Almunia a revisar su propuesta.
Almunia se ampara en la jurisprudencia existente y sostiene que España pudo haber notificado el sistema en el 2002 para testar su compatibilidad con el derecho europeo. O “haber tomado nota” y modificarlo cuando se declaró ilegal uno similar en Francia en el 2005, su fecha de corte para pedir la devolución. El dinero que se recupere, recordó, irá a las arcas públicas españolas. Todo indica que el conflicto acabará en el Tribunal de Justicia.