Héctor Mella Farías
Indignación en Chile por los 33 mineros que pasaron 70 días en el subsuelo
FISCAL REGIONAL CHILENO
El fiscal de Atacama (Chile) cerró, sin acusar a nadie, la investigación sobre el derrumbe de la mina San José (2010), por el que 33 mineros estuvieron 70 días atrapados. “Me han enterrado por segunda vez”, lamentó uno de ellos.
Los 33 mineros chilenos están indignados, pero también el ministro que los rescató y la ciudadanía. Sin hallar culpables, la Fiscalía ha dado carpetazo a la investigación por el derrumbe el 5 de agosto del 2010 de la mina San José, provocando las críticas de los implicados en el denominado “milagro de Atacama”.
Aunque el archivo del caso se produjo el 22 de julio, después de tres años de pesquisas, la noticia no ha trascendido hasta esta semana, cuando el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, lo comunicó a la prensa. “No había convicción para formular una acusación”, dijo, y agregó que es imposible conocer las causas que provocaron el derrumbe que sepultó a 33 mineros en un yacimiento de oro y cobre cercano a Copiapó. Sobre “el porqué se produjo el desplome, no tenemos esa certeza”, añadió Mella.
Durante los 70 días que pasaron en el subsuelo hasta el exitoso y mediático rescate, las autoridades dieron por sentado que la mina no contaba con las garantías mínimas de seguridad.
Desde ese momento se apuntó a la responsabilidad de los dueños del yacimiento, así como de los técnicos del Servicio Nacional de Geología y Minería por no haber fiscalizado correctamente la explotación. La fiscalía abrió de oficio la investigación poco después del accidente e indagó supuestos delitos de prevaricación, lesiones leves, cohecho e intento de homicidio, aunque finalmente quedó en nada.
Los mineros mostraron su indignación por el hecho de que la justicia no hallara culpables de su calvario. Mario Sepúlveda, uno de los trabajadores que se hicieron más populares fue expresivo: “Por respeto a mis compañeros no me quemo a lo bonzo frente a La Moneda”. Sepúlveda car- gó contra los dueños de la mina y lamentó que “anden sueltos , pese a que nos dejaron enterrados”.
El minero cuestionó el sistema judicial y las autoridades, y dejó claro que no han recibido grandes ayudas, más allá del costoso rescate. “Es hora de empezar a decir las verdades en este país, de decir todo el daño que nos hicieron, que somos millonarios, que se nos indemnizó, que el Gobierno hizo maravillas... Todo es mentira”, indicó Sepúlveda.
“Esto no puede ser, hay que pegar un grito internacional para que se den cuenta de todo el show que hicieron”, añadió. Por su parte, Laurence Golborne, que era ministro de Minería en el 2010 y dirigió las operaciones de rescate, calificó de “terrible” el archivo de la causa. “Me parece extraño –aseguró– ya que hay antecedentes que decían lo contrario... Se exigieron medidas que no se cumplieron”.
Los dueños de la mina accedieron el 2012 a pagar el equivalente de 3,7 millones de euros al estado para compensar los costos del rescate. Si no hay recursos, la decisión de la fiscalía cierra la vía penal, pero no la civil, ya que los 33 mineros mantienen una reclamación al Estado equivalente a 366.000 euros por cabeza.