El PSOE pide investigar en el Congreso la financiación del PP
El Gobierno ve clarificador el debate sobre el caso Bárcenas y lamenta la actitud del PSOE
CARMEN DEL RIEGO Una comisión de investigación sobre la contabilidad B del PP. Es la respuesta del PSOE al pleno del jueves y ante la insatisfacción por las explicaciones dadas por Mariano Rajoy sobre el caso Bárcenas. Con esta iniciativa, que paraliza, al menos de momento, la moción de censura con la que Alfredo Pérez Rubalcaba amenaza, los socialistas pretenden mantener vivo el debate, para que Rajoy no consiga que pase el tiempo, en especial agosto, y todo se olvide. El PSOE no está dispuesto a ello. Ya lo advirtió Rubalcaba el jueves: “Los socialistas no vamos a consentir que este asunto tan grave se metabolice sin más por la sociedad española”.
El PSOE no aflojará la presión, aunque el Gobierno y media España estén ya de vacaciones, y menos de 24 horas después del pleno solicitó formalmente en el Congreso la celebración de un debate en la diputación permanente para que se convoque otro pleno extraordinario que discuta la creación o no de una comisión de investigación “sobre la financiación ilegal del Partido Popular”.
Una comisión que sólo se constituirá si lo quiere el PP, ya que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso. Pero se trata, sobre todo, de provocar otro debate que mantenga el fuego vivo en agosto, como ocurrirá cuando tengan que testificar en la Audiencia Nacional tres secretarios generales del PP, aunque en ese debate no se requerirá la presencia del presidente del Gobierno.
El argumento del PSOE es la falta de explicaciones satisfacto- rias de Rajoy en ese pleno. “La actitud del presidente del Gobierno ha ido dirigida a impedir el esclarecimiento de los hechos denunciados y a eludir la asunción de cualquier responsabilidad política, a pesar de ser evidente el daño que su comportamiento está haciendo a las instituciones democráticas y a la imagen internacional de nuestro país”, ya que Rajoy, afirma el escrito presentado ayer, se limitó a reconocer el error de haber elegido a su tesorero “sin asumir siquiera la responsabilidad que se derivaría del mismo y a reclamar una credibilidad que sus propias actuaciones han puesto en entredicho”.
Lo que propone el PSOE es que el Congreso investigue la existencia de una contabilidad B en el PP, “paralela a la oficial y oculta a los órganos competentes para su control, nutrida de donaciones irregulares y otros meca- nismos de financiación ilegal, y que habría facilitado el pago en efectivo, de forma absolutamente opaca, de sobresueldos a sus dirigentes y otros servicios”.
Asimismo, la solicitud socialista pretende investigar “las retribuciones que habrían percibido el actual presidente del Gobierno y otros miembros relevantes de su partido mientras ostentaban la condición de miembros del Gobierno”, y por lo tanto el incumplimiento de la ley de Incompatibilidades. También el incumplimiento que se derivaría de la legislación sobre financiación de campañas electorales “y la percepción de retribuciones no declaradas por otros parlamentarios del mismo partido”, así como “la connivencia con el responsable o los responsables de dicha contabilidad paralela” de los dirigentes del PP, “y en especial del presidente del Gobierno”. Esa connivencia está clara para Rubalcaba, que en un comentario ayer en Facebook subrayó que los SMS de Rajoy “desmienten al presidente” y demuestran, como dice el refranero español, que “embustes y cuentos, de uno nacen cientos”.
Para Rubalcaba, “la verdad se sostiene sola, mientras que para mantener una mentira hay que construir una compleja estructura, casi siempre hecha de mentiras”. Y destaca que con su “me equivoqué” pretendía “generar solidaridad” y optó por parecer “ingenuo antes que cómplice”.
Una visión del debate totalmente distinta de la que tiene el Gobierno. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el debate del jueves “fue clarificador” y que lo que demostró el Gabinete de Rajoy es “su estabilidad política y su capacidad para salir de la crisis económica”.
La conclusión que saca la vicepresidencia de las seis horas de debate parlamentario es que “es importante respetar los principios del Estado de derecho, y el Gobierno cumplió su voluntad de dar explicaciones a los ciuda-
danos”. Lo que lamenta el Ejecutivo es que el PSOE, y su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantenga la ruptura de relaciones entre el principal partido de la oposición y el Gobierno, lo que afecta al funcionamiento de las instituciones democráticas, algo que, a su juicio, no debería ocurrir. Pero tampoco le extraña, porque el PSOE, dijo Santamaría, desde el principio no quiso ayudar al Gobierno en la salida de la crisis.
Con estas conclusiones parece que la iniciativa socialista no saldrá adelante, pero la vicepresidenta no quiso decirlo claramente y se remitió a lo que decida el Parlamento, que es quien debe tomar la decisión, aunque dejó una recomendación encima de la mesa: que el caso Bárcenas es objeto de una investigación judicial.