Mal reparto del déficit público
EL Ministerio de Hacienda ha apretado demasiado las tuercas a las comunidades autónomas para forzarlas a reducir el déficit público este año. Del 6,5% del producto interior bruto (PIB) de déficit máximo autorizado por Bruselas al Estado español, la Administración central se ha adjudicado 5,2 puntos del total y deja tan sólo 1,3 puntos para las autonomías, que deberán asumir nuevamente importantes ajustes. El malestar provocado entre buena parte de las autonomías es tan lógico como evidente y ha enrarecido aún más el clima político, especialmente en Catalunya.
El ministro de ramo, Cristóbal Montoro, aceptó hacer un reparto asimétrico de la escasa asignación del déficit a las autonomías, en función de las necesidades de cada comunidad. En el caso de Catalunya ha elevado el techo hasta el 1,58% para este año. Pero este porcentaje es notablemente inferior al 2% que exigía la Generalitat para poder cubrir sus necesidades de gasto, especialmente en sanidad y educación, que son las partidas más elevadas. Este habría sido un porcentaje de déficit ligeramente inferior al 2,17% acumulado por la Administración pública catalana en el 2012, si nos atenemos a la cifra que ayer mismo dio el Ministerio de Hacienda, ya que antes lo había cifrado en el 1,96%.
El nuevo tope del déficit del 1,58% supondrá la adopción de nuevos recortes en el gasto público de Catalunya. Menor déficit equivaldrá a un menor crecimiento del endeudamiento público catalán. Eso es positivo, en la medida en que comporta trasladar menos deuda a las generaciones futuras. Pero, de momento, supone gastar menos y asumir mayores sacrificios.
El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, ya ha dicho que el tope de déficit impuesto a Catalunya supone afrontar este año un ajuste de 2.600 millones de euros y que eso afectará por igual a todas las partidas presupuestarias, aunque ha dejado abierta la posibilidad de que una parte de esta cantidad (unos 600 millones) pueda salir de políticas de incremento de los ingresos, especialmente de ventas de patrimonio. Es un ajuste inferior al aplicado el año pasado, que fue de 4.000 millones de euros, pero es mucho más duro porque obligará a recortar más sobre lo ya recortado.
La Generalitat estaba pendiente de conocer el techo de déficit para elaborar los presupuestos de este año, que aún están sin hacer. Pero, a estas alturas, se prevé la posibilidad de mantener prorrogados los del año pasado durante todo el 2013 y centrarse en los del 2014, en los que el Ministerio de Hacienda exige otra importante reducción del déficit para Catalunya, hasta el 1% del PIB. Ello supone un recorte de otros 1.700 millones. En ese año, las autonomías deberán sacrificarse seis veces más que la Administración central.
El Ministerio de Hacienda, al centrar el peso del ajuste en las comunidades autónomas, comete un error de cálculo no sólo matemático, porque en muchas autonomías será imposible de cumplir, sino también de sensibilidad política porque supone castigar el bienestar de los más débiles, que dependen de la sanidad, la educación y la asistencia social que gestionan las autonomías. En el caso de Catalunya –comunidad a la que, además, no se le paga lo que se le debe– supone asfixiar al motor de la economía española y la autonomía que más impuestos aporta al Estado. Es evidente que esta actitud del Gobierno central empeora las relaciones con Catalunya y alienta el malestar ciudadano.