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El final de la denominada doctrina Parot; y la satisfacción de los ciudadanos barceloneses ante el auge del turismo.
ACABAN de cumplirse dos años del “cese definitivo” de la violencia de ETA y han pasado ya cuatro desde que los terroristas cometieron su último asesinato. El País Vasco sigue adelante con su proceso de pacificación. Pero las secuelas del conflicto azuzado durante decenios por el terrorismo de ETA siguen manifestándose. Ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ordenó la puesta en libertad de la etarra Inés del Río, condenada por el asesinato de 23 personas a 3.826 años de prisión, de los que ha cumplido ya unos 25 sobre el máximo de 30 que permitía la legislación española. Del Río –que además deberá recibir 30.000 euros de indemnización por los años pasados encarcelada gracias a la doctrina Parot– ya había obtenido una primera sentencia favorable de la Sala Pequeña del TEDH en el 2012, que fue recurrida por el Gobierno español ante la Sala Grande del tribunal. Esta ha vuelto a fallar ahora en favor de la etarra, señalando que la prolongación de su estancia en prisión vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El fallo de ayer supone, de facto, la derogación de la llamada doctrina Parot, establecida en el 2006 por el Tribunal Supremo, retocada por el Constitucional en el 2008, y consistente en aplicar beneficios penitenciarios de reducción de condena sobre cada una de las penas recibidas por el reo, y no sobre el cómputo global de las condenas por sus varios delitos. Dicha doctrina permitió retener en prisión a Henri Parot, el más sanguinario de los etarras, autor de 33 asesinatos condenado a 4.700 años de cárcel, que en el 2006 iba a ser liberado tras cumplir unos veinte años de pena. La sentencia de Estrasburgo desencadenará ahora, con toda probabilidad, una oleada de liberaciones de veteranos presos etarras, algunos de espeluznante historial.
Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, y Jorge Fernández Díaz, titular de Interior, comparecieron ayer ante la prensa con el semblante grave al poco de conocerse el fallo. El primero dijo que correspondía ahora a los tribunales españoles poner fecha a las eventuales excarcelaciones, y que no se pagaría indemnización a Del Río. Pero ni tales palabras ni las reuniones que los ministros se apresuraron a mantener con las asociaciones de víctimas impidieron que estas expresaran su dolor y su rabia ante la sentencia del TEDH y anunciaran movilizaciones si el Gobierno la acata.
Es mucho el dolor sembrado por los terroristas durante muchos años. Por ello, hay que comprender la rabia que la sentencia provoca entre los deudos. Cuesta mucho entender que un asesino condenado por decenas de crímenes pueda salir a la calle a disfrutar de una libertad que con tanta contumacia y saña combatió vulnerando el derecho más preciado: el de la vida. Pero ese dolor y esa rabia no deben servir para pedir el desacato, sino para exigir un poder legislativo más ágil y efectivo. Algunos magistrados ya alertaron que la doctrina Parot caería al llegar a una instancia europea. Así ha sido. En los años de plomo del terrorismo el poder legislativo no actuó con la diligencia necesaria, pese a saber que los asesinos multirreincidentes no cumplirían más de veinte años (en virtud del entonces vigente Código Penal de 1973), aun cargando con enormes condenas. Y el Supremo prefirió en el 2006 inclinarse por una medida como la doctrina Parot, que no iba a ser impopular, pero que sentó jurisprudencia basándose en leyes inexistentes cuando se cometieron los delitos perseguidos.