UGT acude a la Oficina Antifraude

El sindicato de agentes rurales de UGT presentó el viernes una denuncia ante la Oficina Antifraude de la Generalitat al estimar que el correo electrónico de la secretaria general de Agricultura merece ser investigado. “Desde el momento en que ordena eliminar la vigilancia de hechos que pueden ser delitos o infracciones estamos ante síntomas de una posible corrupción”, opina Joan Armengou, miembro de este sindicato. UGT ha denunciado también una propuesta de modifica- ción de la ley con la que se persigue que los jefes de área de los agentes rurales (hasta ahora funcionarios de carrera que logran su plaza por méritos profesionales) pasen a ser seleccionados por libre designación. Armengou sostiene que el cambio legislativo propuesto persigue tener cargos “sumisos”, proclives a aceptar sin rechistar órdenes, como la que ahora ha creado un fuerte debate.

Algunos mandos de los agentes rurales estiman que la orden de Agricultura para que cese su actividad urbanística fuera de los espacios protegidos, al ser transmitida por un simple correo electrónico, no puede tener validez legal –algo en lo que coincide el experto en derecho ambiental Christian Morrón–, mientras que algunos responsables del cuerpo han hecho un escrito en el que consideran que la citada instrucción es ilegal porque no está firmada por ningún gabinete jurídico. “La situación que se produce es absurda. Podría darse el caso de que nos permi- tan denunciar una tala de árboles, pero en cambio no podríamos ni informar a la autoridad administrativa cuando en ese mismo lugar haya un chalet ilegal”, dice De Pablo. “Estamos ante un problema generalizado en el que las administraciones hacen la vista gorda y no asumen sus competencias de inspección, ni de disciplina urbanística ni en trasladar a la Fiscalía aquellos casos que pueden ser constitutivos de delitos”, explica Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción.