La piqueta nunca llega
Los promotores camuflan las viviendas y los chalets como construcciones agrícolas
Las infracciones urbanísticas en terreno no urbanizable muy pocas veces acaban en derribo. “Es muy poco frecuente que una ilegalidad acabe en demolición, incluso aunque haya sentencia condenatoria”, constata Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. Los trámites de una denuncia administrativa por una infracción pueden durar tres o cuatro años y si el asunto pasa al ámbito judicial, el caso se prolonga otros tres o cuatro años más. Pero lo más sorprendente es que para la ejecución del fallo también hay que instar muchas veces a un tercer procedimiento. Los infractores tienen mil oportunidades y, al final, muchas veces una modificación del planeamiento urbanístico viene a socorrerlos antes de que llegue la piqueta.
Camuflar la construcción de un chalet o la vivienda individual con un permiso para una construcción agrícola es una de las circunstancias más frecuentes. Una edificación en el campo puede autorizarse si es para uso agropecuario o forestal, pero esta opción es una espita o un coladero.
En Sant Carles de la Ràpita aún colea el caso de unos promotores que pidieron una licencia para un almacén agrícola, pero construyeron una vivienda sin autorización. El Ayuntamiento no lo detectó y fueron los agentes rurales los que denunciaron los hechos como un posible delito penal.
Miguel Asís Ruiz-Gallardón García solicitó licencia para construir una vivienda y unas caballerizas con una superficie de 262 m2 en Villanueva de la Vera (Cáceres), pero acabó construyendo un chalet de lujo con cocheras, de 1.000 m2.
“Hemos denunciado permisos para hacer unas caballerizas en cuyos planos aparecían cúpulas de cristal; hasta esto llega la desfachatez de cómo se camuflan las viviendas de lujo”, dice Nieto. Esta experta denuncia, además, que las au-
Madrid prohibió que los agentes entraran en fincas forestales particulares
tonomías están eliminando las funciones de la policía rural para los delitos urbanísticos. Madrid prohibió en el 2007 que los agentes entraran en fincas forestales privadas, aunque el asunto fue recurrido y no hay fallo. “Son pruebas de la dejación de la disciplina urbanística. Son síntomas de la degradación de nuestra vida política”, dice Nieto. Pero hay motivos para la esperanza. El dueño de una finca procedió en agosto a la demolición de 13 edificaciones (entre ellas una plaza de toros, una capilla y una cuadra para caballos) en Robledo de Chavela (Madrid). Tras diez años de batalla, la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya de Madrid logró que se eliminara esta especie de cortijo sobre suelo no urbanizable protegido en una zona de especial protección para las aves.