La Vanguardia

Ningún habitante del bloque de Salt ha solicitado aún un piso social

- SÍLVIA OLLER

Ninguna de las siete familias del bloque ocupado de Salt a las que la Generalita­t ha ofrecido un piso de alquiler social ha formalizad­o aún ante los servicios sociales del Ayuntamien­to del municipio la solicitud que les permitiría acceder a una vivienda de este tipo. Según la concejal de Atención a las Personas, Fanny Carabellid­o, en los últimos días sólo cuatro de las siete familias citadas telefónica­mente por los servicios sociales han acudido al Consistori­o. Pero una vez allí no han firmado el documen-

EN BLOQUE La PAH reclama soluciones conjuntas y no individual­izadas para los ocupantes

CITA CON EL AYUNTAMIEN­TO Cuatro de las siete familias citadas han acudido a los servicios sociales

to que les permitiría realojarse en un piso de emergencia. Cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio de plazo hasta el 24 de octubre a las administra­ciones para que encontrara­n una solución a las familias del inmueble ocupado.

Los afectados, asesorados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), reclaman a la Administra­ción que les entregue la documentac­ión por escrito para poder estudiar mejor qué es lo que les ofrecen. Además, su portavoz, Marta Afuera, pide una reunión colectiva a la que asistan todas las familias del bloque, el Ayunta- miento y la Generalita­t. “Lo que buscan (citando individual­mente a las familias) es atomizar, dividir y desactivar la lucha”, expuso. Actualment­e en el bloque residen 14 familias y 36 personas, ya que dos familias con hijos menores decidieron marcharse a raíz del anuncio de desalojami­ento.

El presidente de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, Carles Sala, pide a la PAH que facilite informació­n sobre el resto de familias que residen en el inmueble, ocupado desde el pasado 22 de marzo. El objetivo no es otro que comprobar que cumplen con los requisitos exigidos para acceder a una vivienda de alquiler social. Optan a ella familias con escasos o nulos recursos y sin una vivienda alternativ­a. El alquiler no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

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