La justicia impide a Erdogan frenar las detenciones por corrupción
El primer ministro turco no podrá controlar a fiscales y policías
La judicatura turca se revuelve contra el primer ministro Recep Tayyip Erdogan. El Consejo de Estado, alta instancia de la administración judicial, declaró ayer inconstitucional el decreto del Gobierno que intentaba controlar a los fiscales y a la policía obligándoles a informar siempre al Ministerio del Interior de cualquier orden de detención. De esta forma, el Gobierno logró frenar una segunda oleada de detenciones por corrupción que iba a afectar no sólo a altos cargos de empresas públicas sino potencialmente incluso a un hijo del primer ministro, Bilal Erdogan.
Ya el jueves el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales declaró inconstitucional el decreto. Erdogan reaccionó virulentamente du- rante una conferencia, diciendo que “han cometido un crimen” –los miembros de este organismo– y que “me gustaría juzgarles si tuviera la autoridad adecuada”. Ayer, y tras atender una queja del colegio de abogados de Ankara, el Consejo de Estado sentenció que la intentona del Gobierno “contradice el principio de separación de poderes”.
La Fiscalía y la policía recuperan así su independencia para investigar y detener sin tener que informar previamente al Gobierno. La oposición política convocó ayer manifestaciones en varias ciudades del país, entre otras en Ankara y Estambul, donde la policía impidió, con cañones de agua y balas de goma, que varios cientos de personas de la plataforma Solidaridad con Taksim se congregaran en esta plaza para exigir la dimisión de Erdogan. Las protestas se iniciaron ya el jueves en Ankara, donde se montaron barricadas.
La primera reacción de Erdogan tras la detención, el 17 de diciembre, de dos docenas de personas, entre ellas los hijos de cuatro ministros, fue cesar a un centenar de mandos policiales y colocar como ministro del Interior a uno de sus asesores, Efkan Ala, lo cual fue calificado por la oposición de intento de crear “un Estado paralelo”. Dos diputados del partido gubernamental, el AKP, anunciaron ayer su dimisión tras ser amenazados de expulsión por defender la independencia del poder judicial.
La remodelación del Ejecutivo, con la salida de los cuatro ministros involucrados en la investigación de un escándalo urbanístico y financiero, no ha calmado los ánimos e incluso parece haberlos exacerbado, dado que el
Protestas en Ankara y Estambul contra Erdogan, que apuesta por la mano dura con su reforma del Gobierno
nuevo gabinete parece certificar una apuesta por la mano dura.
Además, el asunto se ha enrarecido esta semana, al aparecer en medios turcos que uno de los dos hijos mayores del primer ministro, Bilal Erdogan, sería llamado a testificar. No quedó claro, sin embargo, que la orden fuera firmada por el fiscal.
El primer ministro afirma que verdadero objetivo de lo que llama una trama conspirativa internacional no es su hijo sino él mismo, y ha hecho llamamientos a que sea “el pueblo” quien le defienda. “Si tratan de golpear a Tayyip Erdogan a través de esto, saldrán con las manos vacías –ha dicho, según el diario Hurriyet–. Por eso están atacando a personas de mi entorno”. Bilal Erdogan, que dirige la fundación Turgev, dirigida a los jóvenes y a la educación, es sospechoso de tráfico de influencias y de fraudes que implican a los municipios gobernados por el AKP.
La crisis política turca, la más grave en los tres mandatos que acumula Erdogan como primer ministro, ha provocado un desplome de la bolsa de Estambul y de la lira turca, que ayer cayó a un mínimo histórico al cambiarse por 0,46 dólares y 0,33 euros.