La pena de muerte retrocede en EE.UU.
El veto europeo a exportar inyecciones letales, clave
La ejecución, con inyección letal, empezó a las 18.02 del 15 de octubre. Primero William Happ, condenado a muerte por estrangular a una mujer hace 27 años, abrió los ojos y parpadeó, según la crónica de la agencia Associated Press. Los cerró. Dos minutos después, los volvió a abrir. Bostezó. Se quedó con la boca abierta. A las 18.08 el funcionario que supervisaba la ejecución en la prisión estatal de Florida agarró a Happ por los hombros. El reo no respondió. A las 18.09 empezó a moverse. Dejó de respirar. A las 18.16 estaba muerto oficialmente.
Era la primera vez que Florida ejecutaba a alguien con un nuevo
Los abolicionistas ven un cambio de fondo, no tanto por motivos éticos como prácticos: el método falla
fármaco –midazolam– en el cóctel de la inyección letal. La fórmula tradicional, que incluía medicamentos acreditados, ha dejado de usarse. Las empresas que los fabricaban en Estados Unidos y Europa ya no los suministran para ejecuciones en EE.UU. Los estados que aplican la pena de muerte, como Florida, se han visto obligados a recurrir a otros productos –algunos jamás probados en estas situaciones, o fabricados con pocos controles públicos– que no garantizan una muerte sin excesivos sobresaltos, si esto es posible.
Las restricciones que en los últimos años ha impuesto la Comisión Europea a la exportación de fármacos usados en las ejecuciones, y la suspensión de las ventas a EE.UU. por parte de farmacéuticas europeas, han contribuido al declive de las ejecuciones. ¿Cuánto? “Sin duda habría habido más ejecuciones en el 2013”, dice Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington. Este año, añade, estados con una arraigada tradición de pena de muerte, como Carolina del Sur, Virginia, Tennessee o Luisiana, no ejecutaron a nadie. La ausencia de medicamentos fiables abre la vía a recursos y aplazamientos.
En el 2013 se ha confirmado una tendencia que empezó hace más de una década: menos muertes, menos sentencias, más estados que ilegalizan este método anómalo en el mundo desarrollado, y menos apoyo popular, según el informe anual del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “En un periodo de 13 años, el número de sentencias ha bajado casi cada año. El número de estados con pena de muerte ha bajado. Maryland la ha abolido este año. Connecticut, el pasado”, enumera Dieter. En los últimos seis años, seis estados la han abolido: en total son 18 de cincuenta. En 1999 los jueces de Texas, que junto a Florida concentra el 59% de ejecuciones de EE. UU., dictaron 48 sentencias de muerte; este año, nueve.
El declive no se explica sólo por la presión europea. Dieter habla de una mayor conciencia de los errores y la injusticia del sistema: un buen o mal abogado puede decidir sobre la vida de una persona. El escepticismo creciente, añade, no responde a motivos morales sin prácticos. La pena capital no es fiable ni se aplica con el cuidado debido. Sí, la mayoría de estados sigue teniéndola en sus leyes, y sería precipitado hablar de cambio de época. Pero en el 2013 sólo se aplicó en nueve estados. El 82% de las ejecuciones tuvieron lugar en los estados del sur. Y la mayoría de sentencias se concentran en un 2% de condados de todo EE.UU.
Vistos así, los datos proyectan una imagen de EE.UU. más matizada, con una parte en sintonía con la visión europea y quizá una corriente de fondo que algún día pueda desembocar en la abolición de la pena de muerte en todo el país. No por medio de una sentencia del Tribunal Supremo –como ocurrió durante entre 1972 y 1976, interludio en el que fue ilegal– sino estado a estado. Al ritmo actual de un estado por año, en siete años ya sería ilegal en medio país. “A partir de aquí, la cuestión será si se ha convertido en algo inusual, fuera de las normas de nuestro país”, dice Dieter. No ocurrirá mañana. El fin de este excepción americana todavía queda lejos.