Rajoy, la consulta y el diálogo

EL presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, centró ayer su balance del año en las perspectivas de que en el 2014 se perciba ya el inicio de la recuperación, pero no quiso dejar de lado la situación catalana, centrada en la consulta anunciada por el president Artur Mas para el 9 de noviembre. El jefe del Ejecutivo español subrayó la importancia que concede a la cuestión tanto en su intervención inicial como, a preguntas de los periodistas, en el coloquio posterior. No cabía esperar otra cosa a tenor de la trascendencia del conflicto planteado, que ha situado las relaciones entre Catalunya y el resto de España en el momento más difícil de la historia reciente. Pero no hubo inflexión. Rajoy –siempre en un tono mesurado y respetuoso– reiteró su disposición al diálogo, pero rechazó discutir “sobre la soberanía de los españoles”. Eso, dijo, aludiendo a Mas, no se le puede pedir, por lo que descartó que la consulta se celebre.

Rajoy deslizó argumentos tan medidos como contundentes, que subrayan la gravedad del momento. A su juicio, la iniciativa soberanista sólo ha creado “incertidumbres, inestabilidad y fractura social” y, por ello, perjudica tanto a Catalunya como a España. Como alternativa, apostó por reforzar el marco de convivencia definido por la Constitución. Se mostró escéptico sobre una posible reforma y señaló que, de hecho, la evolución de los procesos de integración europea –entre los cuales la unión bancaria y fiscal– ya están “cambiando” la Carta Magna. Por todo ello, remachó que no cabe interpretar su postura como un “no” a todo lo que se plantea desde Catalunya sino un múltiple sí a la historia común, a los lazos de todo tipo que unen a los catalanes con el resto de españoles y a los más de 30 años transcurridos de convivencia en democracia.

Rajoy está donde estaba. Diálogo sí, y con todos, garantizó, pero sin superar las líneas rojas que el presidente entiende rebasadas por la iniciativa de Artur Mas y sus socios. Pese a que voces muy autorizadas han señalado en los últimos tiempos la necesidad de que las demandas catalanas puedan encontrar acomodo en el marco jurídico-político vigente –ya sea con una interpretación más abierta de la Constitución o bien mediante su reforma–, a nadie se le escapa la dificultad de que ese escenario sea factible por lo menos a medio plazo. Y ello se percibe así tanto por la falta de consenso sobre el contenido de esa posible reforma, hasta ahora sólo propuesta por el PSOE, como por las tensiones que puede generar en el seno de las fuerzas políticas y la misma sociedad española en unos momentos en que, pese a que lo peor de la crisis parece haber quedado atrás, la salida del túnel apenas se vislumbra.

Además, es cierto que la cuestión de la independencia divide a los catalanes, como ponía de manifiesto la reciente encuesta de La Vanguardia, y los riesgos que entraña una salida de la UE a consecuencia de un proceso de separación de España son más que evidentes. Pero también es verdad que una mayoría muy clara de los catalanes desea que se le consulte sobre su futuro y, lo más importante de todo, mantiene incólume la disposición al diálogo y el acuerdo para renovar el marco de convivencia. Pese a la tensión política y ambiental –que se incrementará ante las elecciones europeas de mayo y cuando se acerque la fecha de la anunciada consulta, tras el verano– sería un error no atender esa voluntad de pacto para poner los cimientos de un diálogo complejo, sin duda, pero tan urgente como necesario.