Los presos de ETA asumen el daño causado y se someten a la ley penal
El colectivo de reclusos respalda en un comunicado el fin del terrorismo El cambio de estrategia refleja el fracaso de su aspiración negociadora
Los presos de ETA hicieron público ayer un significativo comunicado que puede interpretarse como el reconocimiento de que no habrá negociación que les saque de la cárcel. Por ello, los reclusos anunciaron que se sometían a la legalidad penitenciaria y que asumirían implícitamente sus condenas. Hasta la fecha, los etarras se habían negado a admi- tir dicha legalidad y pretendían negociar una solución colectiva para su situación. Con la nota de ayer, por el contrario, abren la puerta a aceptar soluciones particulares a cada uno de sus casos. Esta declaración sucede a un debate interno que se prolongaba desde que ETA anunció su renuncia a la violencia, hace algo más de dos años.
Los presos de ETA están dispuestos a aceptar que su excarcelación o su traslado a cárceles vascas se efectúe “utilizando cauces legales”, en un proceso escalonado, individual y “en tiempo prudencial”. Así lo afirma un comunicado elaborado por el colectivo de presos de ETA dado a conocer ayer tarde. La declaración incluye también el respaldo de los presos al abandono definitivo del terrorismo anunciado por ETA en octubre del 2011.
Aunque los presos afirman igualmente que reconocen el dolor causado por sus actividades, no realizan ninguna autocrítica por ello ni reconocen la ilegitimidad de sus acciones terroristas. El comunicado es el resultado de dos debates abiertos entre los reclusos de la banda. Uno de ellos, el de la confirmación del final del terrorismo, se inició en la primavera del 2012, y el otro, el relativo a la aceptación de la legalidad, el pasado mes de julio.
La declaración difundida ayer supone la aceptación por parte de los presos del fracaso de la es- trategia mantenida por ETA a raíz de la declaración de Aiete, hace dos años, que preveía una negociación entre los gobiernos de España y Francia para conseguir la excarcelación de los reclusos. Esa estrategia entró en crisis el pasado mes de febrero cuando el Gobierno noruego expulsó de Oslo a la representación etarra que esperaba negociar con los enviados de Madrid y París.
Los presos han tardado once meses en asumir que no iba a haber ninguna negociación que los sacara de la cárcel, pero, a tenor del contenido del comunicado emitido ayer, han aceptado que sus ilusiones eran inviables. Los etarras aceptan ahora la aplicación de los cauces legales para modificar su situación penitenciaria. “Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa –nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria– se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena”, dice el comunicado de los reclusos, que admite que ese proceso sea escalonado, individual y “en un tiempo prudencial”. Esta última expresión es una indicación de que los etarras no parecen dispuestos a esperar un proceso que se alargue demasiado en el tiempo.
La aceptación de los cauces legales para modificar su situación penitenciaria es uno de los datos más relevantes del comunicado de ayer, ya que ETA siempre ha prohibido a sus reclusos aceptar las exigencias legales. La aceptación de la legalidad representa el reconocimiento de que han perdido la esperanza de conseguir la libertad o el simple acercamiento al País Vasco a través de una negociación política.
El segundo dato relevante es que los presos, como grupo, ratifican la estrategia de renuncia del terrorismo, algo que no habían hecho hasta la fecha. Entre los reclusos hay un sector que estaba en contra del anuncio de renun- cia a la violencia realizado por ETA el 20 de octubre del 2011, pero al final la mayoría se ha inclinado por aceptar el final de las armas, aunque hayan tardado dos años en expresarlo de manera pública. El respaldo a la nueva estrategia sin violencia lo realizan mediante eufemismos, ya que expresan su renuncia “al método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos”. Es decir, al terrorismo.
El debate para ratificar la re-
nuncia a las armas se abrió en la primavera del 2012 y debía haberse terminado a finales de ese mismo año, pero, por causas desconocidas, la decisión se fue aplazando hasta acumular un año de retraso. Finalmente, sin embargo, ha salido adelante la propuesta de apoyar el final de la violencia que presentó la dirección de los presos, un grupo de veinte reclusos, la mayoría exmiembros de la ejecutiva de ETA, encabezado por Mikel Antza.
El comunicado de ayer contiene otra afirmación que ha llamado la atención de los medios. Es la que señala que los presos “asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias” de las acciones perpetradas y, “asimismo, mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, en un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes”. “Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados”, indica el escrito. El reconocimiento del daño causado no va acompañado de muestras de autocrítica ni de arrepentimiento.
En los documentos manejados para el debate se advertía expresamente que no habría ninguna crítica hacia el pasado; sólo el compromiso de no volver a las armas en el futuro, pero sin cuestionar lo realizado con anterioridad. La declaración se atiene a los límites fijados en el documento de debate.
El comunicado de los presos etarras fue difundido ayer tarde en euskera, aunque acompañado de una grabación de voz en la que la dirigente etarra Soledad Iparragirre, Anboto, encarcelada en Francia, lee el contenido de la declaración, también en lengua vasca. Los etarras presentan sus conclusiones como respuesta a las recomendaciones del Foro Social, un foro organizado la pasada primavera por la izquierda abertzale, cuando comprobaron que las expectativas de negociación con los gobiernos habían fracasado tras la expulsión de la delegación etarra de Noruega. Los reclusos anuncian que iniciarán contactos con el Foro Social y otras organizaciones vascas para buscar acuerdos, al tiempo que hacen un llamamiento para “buscar un amplio consenso que posibilite nuestro regreso a casa, enmarcado en un proceso integral, que no ponga en cuestión nuestro carácter ni dignidad política”.