El conflicto sobre la legalidad de la NSA se encamina hacia el Supremo
Dos jueces de EE.UU. alcanzan en dos semanas conclusiones opuestas sobre el espionaje
El espionaje electrónico de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus iniciales inglesas) se encamina hacia el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los fallos contradictorios de dos jueces, en menos de dos semanas, han abierto un conflicto sobre la legalidad del programa de recogida masiva de datos telefónicos.
Un juez federal de Nueva York dictaminó el viernes que el programa de metadatos –la información sobre números de teléfono, hora y duración de las llamadas– es legal. El almacenamiento indiscriminado de millones de datos de residentes en Estados Unidos, según el juez William Pauley III, no vulnera la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos ante registros arbitrarios.
El juez subraya, basándose en una sentencia del Tribunal Supremo de 1979, que los usuarios entregan estos datos a la compañía telefónica, y por ello no tienen por qué pensar que serán privados. Y argumenta que, desde los atentados del 2001, y en el contexto de la llamada lucha contra el terrorismo, tiene perfecto sentido que las autoridades accedan a millones de datos que les sirven para conectar pistas sobre sospechosos y desarticular tramas. “La recolección es amplia, pero el alcance de las investigaciones de contraterrorismo no tiene precedentes”, escribe el juez Pauley, nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton en el 1998.
La semana pasada, otro juez federal, Richard Leon, de Washing- ton D.C., llegó a conclusiones opuestas. Leon falló, en otro caso, que el programa de metadatos de la NSA era “casi con toda certeza” inconstitucional. El juez, nombrado por el republicano George W. Bush en el 2001, argumentó que la sentencia del Tribunal Supremo de 1979 –referida al acceso a los datos telefónicos de un sospechoso de robo sin orden judicial– no es aplicable al caso de la NSA debido a los avances tecnológicos y las di-
Un magistrado de Nueva York ve constitucional la recogida masiva de datos telefónicos
mensiones del actual espionaje.
Las posiciones de los jueces Leon y Pauley reflejan los dos bandos del debate: los partidarios de que la privacidad y la libertad individual prevalezcan sobre la seguridad, y los favorables a que pese más la seguridad.
Leon dice que el programa de la NSA no ha evitado ningún atentado terrorista. Pauley defiende que ha sido efectivo. Según Pauley, el derecho constitucional a no ser objeto de registros no es absoluto: los ciudadanos ceden cada día información personal a empresas multinacionales que los usan para obtener beneficios.
Leon, en cambio, especula con que James Madison, uno de los padres fundadores, se horrorizaría si viese cómo el Gobierno de Estados Unidos registra a diario, “sin una sospecha particular”, a “prácticamente todos los ciudadanos americanos” mediante la obtención de las listas de llamadas telefónicas.
El fallo del juez Pauley desecha una demanda de la ACLU, la principal organización en defensa de los derechos civiles en EE.UU. Y supone una pequeña victoria para la Administración Obama, que en los últimos días había perdido el control del debate sobre el espionaje electrónico.
El fallo del juez Leon, sumado al informe, crítico con la NSA, de un grupo de expertos convocados por el propio Obama, había dado alas a los partidarios de reformar a fondo la agencia. Las revelaciones de Edward Snowden –un contratista que trabajaba para la NSA, ahora refugiado en Rusia– sobre los programas de vigilancia de la NSA, han forzado al presidente Barack Obama a abordar la reforma.
Si en los tribunales de apelaciones se mantienen las divergencias entre jueces, y si el Congreso y la Casa Blanca no acuerdan una reforma que disipe las dudas sobre la legalidad de las prácticas de la NSA, puede ser el Tribunal Supremo el que acabe decidiendo si el programa de espionaje es constitucional.