Catalunya también conoce ahora a los jueces que tratan los escándalos
Una docena de magistrados tramitan los principales casos de corrupción
Los catalanes también se han aprendido el nombre de una docena de jueces, aquellos que han indagado los casos emblemáticos de corrupción descubiertos aquí. Catalunya no ha sido ajena a la oleada de escándalos con nombre propio que salpican el mapa de España y que han convertido en habituales de la actualidad a magistrados que ahora tienen en sus manos el futuro inmediato de personajes públicos, políticos y funcionarios.
Al margen de cual sea el final de los procesos, los acusados han quedado en tela de juicio al conocerse el contenido de los sumarios: sus conversaciones telefónicas, sus negociaciones y los correos electrónicos que se intercambiaron. Estos son los asuntos más emblemáticos. El Palau: el caso. Josep Maria Pijuan no podrá cumplir su anhelo: se ha jubilado cuando sólo falta un escrito para dar el carpetazo a la investigación del saqueo del Palau de la Música, el caso por antonomasia de la corrupción en Catalunya. Pijuan, hombre de talante progresista y de amplio currículum profesional, juzgó, entre otros y como presidente de la sección décima de la Audiencia, casos de corrupción que afectaban a Unió Democràtica. Bajo su dirección, el juzgado ha dado el impulso definitivo a la causa, y ha indagado en el papel de CDC en la concesión de obra pública a Ferrovial a cambio de comisiones, por lo que el partido ha tenido que depositar una fianza civil. En el centro de la trama se sitúa Félix Millet, el anteriormente todopoderoso presidente del Palau; antes prohombre de la ciudad y ahora incómodo vecino que es increpado en bares y comercios. Lo cu- rioso es que Millet no pisó la cárcel por el asunto principal, sino por una derivada perseguida por una joven juez, Míriam de Rosa. EL TSJC en el escaparate. Si hace un año a algún ciudadano que estaba al margen del mundo judicial se le preguntaba por el nombre de un magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, lo más seguro es que se quedara en blanco. Ahora ya hay muchas posibilidades de que, por lo menos, conozca dos apellidos: Anglada y Abril. El primero es quien tiene imputado a Oriol Pujol, hombre fuerte de CDC e hijo del expresident de la Generalitat, por un supuesto tráfico de influencias en las negociaciones para modificar las concesiones de ITV en Catalunya. Hombre tranquilo, correcto y de humor británico, Anglada es un especialista en derecho de familia, a cuyo estudio ha dedicado buena parte de su carrera. Enric Anglada recibió la causa procedente del juzgado de instrucción 9 de Barcelona, cuya titular, Silvia Mejías, aún conserva parte de las investigaciones, que no se han cerrado y que afectarían a otros negocios relacionados con las personas que aparecen en torno a las ITV. De Sabadell a Lluís Companys. Ramón González ya tiene el mercurio asociado a su carrera como juez. Este es el nombre que recibió la investigación que, a partir de la denuncia de un constructor que habló de sobornos, puso patas arriba el Ayuntamiento de Sabadell y que le ha costado el cargo al anterior y todopoderoso alcalde, Manuel Bustos. González ya no está en Sabadell, pero en el juzgado siguen abiertas catorce piezas. La quince ha viajado al TSJC, donde otro juez, Joan Manel Abril, ha imputado tanto al edil como al exsecretario de organización del PSC, Daniel Fernández, ahora apeado de estas responsabilidades. Abril, que fue jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Barcelona, tiene la causa prácticamente acabada y sólo falta ponerle el punto y final. De conversaciones e indiscreciones. Una conversación grabada en el reservado de un restaurante reveló una trama de dossiers, detectives y seguimientos casi más propio de una mala novela que de un país civilizado. A raíz de saberse que existía una cinta donde aparecía Alicia SánchezCamacho quedó al descubierto que no eran pocos los personajes públicos y privados que acudían a investigadores para conocer las vergüenzas de rivales y conocidos. Pero la líder popular pasó de la indignación al perdón, y su marcha atrás impidió conocer quién encargó la grabación. En este caso, el protagonismo no estuvo en manos de un juez (hubo varios en el asunto), sino de dos fiscales anticorrupción que quisieron llegar hasta el final, Fernando Bermejo y Emilio Sánchez-Ulled.