Una estrategia embarazosa
La reforma de la ley del aborto no garantiza al PP más votos de los que obtiene en comicios de baja intensidad
Amenos de seis meses para las elecciones europeas, cualquier iniciativa política de relieve responde inevitablemente a ese trasfondo electoral. Ese sería el caso de la reforma de la ley del aborto que impulsa el Gobierno popular, aunque la controversia interna que ha provocado este proyecto podría responder también a discrepancias sobre el cálculo del impacto electoral de la medida. Sin duda, los sondeos de los gurús del centroderecha español habrán brindado a los dirigentes populares un balance más preciso de su apuesta, pero a la luz de las encuestas del CIS –que no ha difundido ningún estudio sobre el tema desde hace varios años– el saldo electoral de la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es algo incierto.
Sin duda, liquidar la ley de plazos no parece en sí misma una decisión que pueda tener un coste electoral añadido para el PP. Al menos en elecciones de baja intensidad, como son las próximas europeas. Los votantes populares que apoyaban la ley de plazos de Rodríguez Zapatero suponían algo más del 15% del electorado del centroderecha, y aun así respaldaron a Rajoy en los comicios del 2011 a pesar de que el programa del PP era claro al respecto. Y si ahora esa falta de sintonía se tradujera en pérdidas directas, los populares extraviarían un millón y medio de votos y cosecharían algo más de nueve millones. Es decir, todavía por encima de los siete millones que obtuvo el PSOE hace dos años y más lejos aún del resultado que logró el propio Partido Popular en las europeas del 2009.
La duda reside en el hecho de que Zapatero enajenó una parte sustancial del apoyo a su ley de plazos al introducir el aborto a los 16 años sin autorización paterna (un punto que repudiaba más del 70% de la ciudadanía). Sin ese añadido, el rechazo a la ley del PSOE se reduciría hasta arrojar una ligera mayoría a su favor, frente a una ley de supuestos como la de 1985.
En cambio, y a tenor de las posiciones históricas que registran los sondeos del CIS, una legislación como la que propone el actual titular de Justicia, tan restrictiva que excluye incluso el supuesto de malformación, sólo satisface a poco más del 40% de los electores del PP; es decir, a algo más de cuatro millones y medio de votantes. Sin duda, se trata de votantes muy movilizados por un tema tan sensible como este, pero incluso si todos ellos acudieran a las urnas, se quedarían dos millones por debajo del cómputo de votos que obtuvo el PP en las europeas del 2009: más de seis millones y medio de papeletas. Y con el inconveniente de que nada menos que un 53% de los electores populares rechazan explícitamente que se prohíba el aborto por malformación.
En otras circunstancias, la apuesta de conservar por la derecha lo que quizás ya se ha perdido por el centro no sería muy
La apuesta de retener por la derecha lo que se pierde en el centro tropieza hoy con la competencia de UPyD
arriesgada. Al fin y al cabo, hasta el 2008 el votante de centroderecha no tenía dónde elegir pues sólo disponía de una marca de referencia. Pero hoy en día, con un Gobierno desgastado por la gestión de la crisis y la existencia de un partido (UPyD) más flexible en temas de moral y muy competitivo en ámbitos como la política territorial o antiterrorista, el riesgo de una fuga de votos de centro es mayor. De ahí la insólita polémica desatada en las filas populares, más allá de los dictados de la conciencia de cada cual.