El silencio del Castor
El Ministerio de Industria sigue sin mover ficha tres meses y medio después de registrarse la crisis sísmica en la costa ebrense
Una plantilla de 120 operarios sigue realizando a diario trabajos de mantenimiento en la planta terrestre y la plataforma marina “para garantizar la seguridad” del polémico reservorio de gas Castor, a 22 kilómetros mar adentro, entre la costa del delta del Ebro y Castellón. La empresa, Escal UGS, añade que sigue a la espera de recibir instrucciones del Ministerio de Industria, que el pasado 26 de septiembre ordenó el cese temporal de las operaciones de inyección de gas en el subsuelo al desatarse una crisis sísmica sin precedentes. El Gobierno guarda silencio y sigue sin hacer públicos los resultados del informe científico encargado hace más de tres meses para averiguar las causas de los temblores.
“Si no hay garantías de seguridad, no se volverá a inyectar gas”, destacan fuentes de la subdelegación del Gobierno en Tarragona, remitiéndose a las palabras reiteradas por el ministro de Industria. Las mismas fuentes recuerdan que nada ha cambiado desde que José Manuel Soria explicó hace algunas semanas que su ministerio aún “no está en condiciones de saber exactamente qué es lo que va a ocurrir con el almacén”. Soria admitió haber recibido ya el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), pero se encomendó a un nuevo estudio avalado por expertos internacionales para poder conocer con más precisión qué sucedió en el subsuelo marino, a 1.700 metros de profundidad, cuando se inyectó el gas. Las primeras conclusiones del informe del IGME advirtieron que no pueden descartarse nuevos seísmos si se inyecta más gas.
En tierra firme, con vistas a la plataforma Castor, en Alcanar (Montsià), aguarda Evelio Montfort, uno de los líderes de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. La entidad, que en octubre logró sacar a la calle a 6.000 vecinos para exigir el desmantelamiento del reservorio, asegura que Industria ha logrado imponer un hermetismo total alrededor del Castor que hace imposible tener acceso a la información. “No habla nadie”, asegura.
Para la plataforma se trata de una estrategia para desactivar la presión social desatada a finales de septiembre, aprovechando que ahora los temblores prácticamente han desaparecido, y así ganar tiempo para poder plantear la reapertura del depósito.
Desde que se registró la crisis sísmica, con 600 temblores entre septiembre y octubre y terremotos que superaron la magnitud 4 en la escala de Richter, apenas se han sucedido dos pequeñas réplicas, a principios de diciembre y enero, imperceptibles para la población. “Entra dentro de la nor-
La empresa mantiene a sus operarios en la plataforma marina sin descartar la viabilidad del almacén de gas
malidad, la evolución ha sido la esperada. Si no se inyecta más gas, los terremotos acabarán desapareciendo porque el sistema geológico se acabará reajustando”, prevé Josep Giner, profesor en la Universitat de Barcelona (UB), experto en prospecciones geológicas con 30 años de experiencia en pozos petrolíferos.
Escal UGS, que había previsto empezar a explotar comercialmente el reservorio este 2014, sigue analizando los datos registrados en los sismógrafos instalados junto al almacén. La empresa prefiere por ahora guardar silencio, pero algunas fuentes aseguran que Escal UGS argumentará en breve públicamente, con datos técnicos, que las dos últimas réplicas no tienen su origen en la actividad del reservorio de gas.
El Ministerio de Industria está también a la espera de recibir la ampliación de la auditoría encargada a una consultoría noruega que está analizando si estuvo justificada o no la inversión realizada por Escal UGS para poner en marcha el almacén, que el Gobierno eleva hasta los 1.700 millones. Con el encargo de la auditoría, el Ministerio de Industria se prepara ante una hipotética batalla judicial con la empresa, en caso de que se llegue a determinar que el Castor no es viable. En un supuesto litigio entre Gobierno y Escal UGS debería dilucidarse si la empresa tiene derecho a cobrar íntegramente la indemnización de 1.700 millones de euros prevista en una polémica cláusula firmada por el ejecutivo de Zapatero y ratificada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
El Gobierno ha encargado en paralelo al abogado del Estado que estudie el caso al entender que, si se llegase a probar técnicamente la negligencia de la empresa y la inviabilidad del reservorio, se podría extinguir la concesión de explotación a la compañía, ahorrándose una parte o la totalidad de la indemnización.