Un órdago que contamina

España se juega en Panamá el prestigio de su sector constructor en el mundo

Ana Pastor ha sido rápida en su reacción, consciente de que España se juega el prestigio de su sector constructor en el mundo y por eso es muy importante que el caso Sacyr se resuelva bien y en un plazo breve. El movimiento de la ministra de Fomento ha sido muy apreciado por el lobby de las grandes infraestructuras, que anda revuelto después del órdago lanzado por la compañía que preside Manuel Manrique comprometiendo la ampliación del canal de Panamá si no se le reconocen unos sobrecostes que implican encarecer el proyecto un 51%.

La revisión de los precios de las obras, con negociaciones más o menos tensas con el contratante, es una práctica habitual y no sólo en España. Pero en este caso, la dimensión internacional del proyecto, los intereses creados y también la politización del mismo han provocado un estallido que la prensa internacional ha llegado a calificar de “bochorno” ( The Wall Street Journal) y de “terrible noticia para España” ( The Guardian). En cualquier caso, un golpe al liderazgo mundial que estaban adquiriendo las constructoras españolas, que hasta ahora parecían indemnes al deterioro de la marca España y se iban adjudicando los mayores contratos internacionales. Todas tienen la mayor parte de su negocio fuera de España, con porcentajes que oscilan entre el 50% de Sacyr o Acciona y el 85% de ACS.

Están en los cinco continentes, compitiendo con los grandes grupos estadounidenses, europeos y chinos, que sin duda ahora tratarán de sacar partido del traspié panameño. “Hay preocupación”, reconocen las fuentes consultadas en varias constructoras. Empezando por Panamá, donde FCC tiene incluso mayores intereses que Sacyr. Para la compañía controlada por Esther Koplowitz, Panamá es el segundo mercado constructor, con una cifra de negocio que el año pasado rozó los 800 millones de dólares y con proyectos tan emblemáticos como la primera línea de metro de Centroamérica y también con obras relacionadas con el canal, como los accesos a las esclusas. Todas las obras siguen su curso con normalidad, aunque mirando de reojo a la evolución del caso Sacyr. Porque tal como reconocen en el sector, cada compa- ñía tiene su propia reputación, pero también hay una reputación genérica, que es la que ahora puede resultar dañada,

Las constructoras españolas han conseguido encaramarse a la cúspide mundial por varios motivos. El primero, como es lógico, por el precio. Y no menos importante es su modelo de negocio, amable para muchos de los gobiernos que contratan las grandes infraestructuras, pues suelen crear empleo local, a diferencia de los chinos, que traen de su país hasta el último peón.

Con el precio, el riesgo es que se extienda la creencia de que el truco español está en ofrecer bajadas temerarias sobre el pre- cio de salida de los concursos para después, con la presión de las obras iniciadas, negociar revisiones al alza. Estas revisiones –en argot, los reformados– representan en España una subida media del 25% en el coste de los proyectos, pero no en todos los países se ve esto como una normalidad.

Dentro de España, se detecta además un deseo de ajuste de cuentas con Sacyr, con el que fue su presidente Luis del Rivero, y con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al menos con la parte que representaban el ministro Miguel Sebastián y el responsable de la oficina económica, David Taguas, quien tras dejar la política pasó a presidir la patronal de la construcción Seopan. En el concurso de Panamá, el consorcio íntegramente español –formado por ACS, FCC y Acciona– se sintió ninguneado por el gobierno español, que apostó por la oferta de Sacyr y la italiana Impregilo, según aseguran fuentes del sector.

Cierto es que ACS, FCC y Acciona pidieron casi el doble por el contrato (5.981 millones de dólares) y que alguna de las empresas se llegó a plantear incluso recurrir la adjudicación.

“Los reproches no llevan a nada. Los mercados internacionales son muy duros, nos están observando y nos jugamos la credibilidad”, dice el portavoz de una de las grandes. “Podemos decir que la culpa es de Zapatero. ¿Y qué?”.