Barones del PP piden alternativas al retraso de la financiación
Las comunidades de Valencia y Murcia ya negocian con el Gobierno el pago de servicios
La noticia que ayer publicó La Vanguardia de que el Gobierno se plantea aplazar el nuevo sistema de financiación no gustó a la ma- yoría de las comunidades. Algunos barones del PP negocian alternativas para aliviar su ahogo financiero.
Montoro tendrá que inventar mucha “ingeniería financiera” si no hay nuevo modelo, aseguran
Cuando se trata de financiación, no existen colores políticos, sino autonomías, agrupadas no por el partido al que pertenecen, sino por su situación económica. Galicia, Aragón y Asturias, con diferentes gobiernos, mantienen una posición común. Su problema es la dispersión. La Comunidad Valenciana, Murcia y Catalunya tienen otro problema, que el dinero que reciben no cubre el coste real de los servicios, por la bajada de la recaudación en los impuestos que tienen cedido. Madrid, que también se siente discriminada por el actual sistema de financiación, tiene otro problema. Ha cumplido el déficit, y cree que no se le puede penalizar por ello.
Por eso, la noticia de que el Ministerio de Hacienda pretende aplazar el nuevo sistema de financiación, que debería aprobarse este año, para entrar en vigor el 1 de enero del 2015, ha sido acogida de diferente forma por cada comunidad autónoma, según sus propios intereses. Precisamente evitar las peleas entre los barones del PP es una de las razones que inclinan al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a esperar a que pasen las elecciones autonómicas de mayo del 2015.
Pero algo las une a todas. Quieren un nuevo sistema de financiación, pues el actual no gusta a nadie, ni siquiera a quienes lo aprobaron, las comunidades del PSOE y CiU. Por eso, no se resignan a tener que esperar y están dispuestas a presionar al Gobierno central para que cumpla con los plazos.
Los responsables de la Comunidad de Madrid lo tienen muy claro. “Hay que cumplir lo previsto y lo prometido”. Lo previsto, porque no se cambia el sistema de financiación porque quiera el Gobierno, subrayan, “sino porque toca”, con lo que Montoro no puede decidir por si mismo retrasar, recuerdan. Y prometido, porque el propio Rajoy, como presidente del Gobierno, y como presidente del partido en un comité ejecutivo, se comprometió a que hubiera nueva financiación.
Al Ejecutivo de Ignacio González la noticia adelantada ayer por La Vanguardia del retraso de la negociación le incomoda, aunque la sorpresa es relativa. El ministro de Hacienda no ha comuni- cado a las autonomías del PP sus planes, y Madrid cree que la situación de las comunidades autónomas no aguanta más tiempo sin proporcionarles más fuentes de financiación. El Gobierno madrileño presume de cumplir el défi- cit, pese a que, según sus cuentas, con la actual financiación recibe 1.000 millones menos de lo que le correspondería. De ahí que Madrid alerta que no va a aceptar que se busquen otras fórmulas para que las autonomías que no han cumplido dispongan de más dinero, mientras Madrid se quede como está. Y añaden, “los recortes los iniciamos en el 2008”.
Algo se debe de temer, porque una de esas comunidades que se beneficiaron del déficit asimétrico, la Comunidad Valenciana, ya se ha garantizado, mediante acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que dispondrá del dinero necesario para cubrir el coste real de los servicios básicos: sanidad, Educación y servicios sociales. El ejecutivo de Alberto Fabra seguirá reclamando que el nuevo sistema de financiación se negocie cuanto antes y se aplique con efectos retroactivos desde enero del 2014. Solamente aceptaría el retraso, indica, si se buscan mecanismos y herramientas que suplan la carencia y como ha ocurrido este año, se garantice la suficiencia financiera para cubrir el coste real de los servicios. Eso sí, auguran que si se opta por aplazar el nuevo modelo, Montoro tendrá que inventarse “mucha ingeniería financiera” para que las comunidades autónomas que están perjudicadas por el sistema de financiación para cubrir esos servicios, puedan hacer frente a sus obligaciones. En este aspecto, Valencia ha hecho causa común con la comunidad autónoma de Murcia, para hacer esa presión. Ambas tienen un alto déficit público, y el dinero del que disponían se ha reducido muchísimo por la caída de la recaudación.
Aragón y Galicia mantienen también otro frente común, porque su problema es la dispersión. Así se lo hizo saber el viernes, aprovechando un mitin, la presidenta de la Comunidad de Aragón, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: “me sé muy bien lo de la dispersión de la población y lo que influye”, respondió, aunque se comprometió a encontrar una solución: “Lo voy a intentar” dijo. Sin embargo, su situación no es tan mala como la de comunidades como Valencia o Murcia, por eso entienden mejor que una campaña electoral, la autonómica de dentro de un año, no sea el mejor momento para negociar el sistema de financiación, pero piden más dinero.