Reforma de la financiación autonómica
TODOS los indicios apuntan a que el Gobierno se plantea la posibilidad de aplazar aún más la reforma del sistema de financiación de las autonomías, algo que ya había ocurrido en la práctica, pues la vigencia del actual llegaba hasta finales del pasado año. Las dos principales prioridades políticas del Ministerio de Hacienda, en las que se encuentra volcado, son la reforma fiscal prometida, cuyas líneas generales deben quedar fijadas antes del verano, y los presupuestos generales del Estado del año próximo, que tienen que presentarse a finales de septiembre y que deben conjugar el impacto tributario de dicha reforma con los nuevos ajustes del gasto.
Desde un punto de vista partidista, ante la relativa cercanía temporal de las elecciones autonómicas, previstas para mayo del 2015, y las elecciones generales, que deben convocarse a finales del mismo año, resulta comprensible que Mariano Rajoy no tenga interés en abrir ahora el melón de la financiación autonómica. No resulta cómodo para la imagen del Gobierno, por la asfixia financiera a que ha sometido a las comunidades para cumplir con el déficit y por la dificultad de mejorar las condiciones actuales ante la falta de recursos económicos. La rivalidad entre las diversas autonomías para conseguir más fondos podría abrir serias fracturas incluso entre las gobernadas por el propio Partido Popular.
Desde Catalunya, el Govern ha señalado en varias ocasiones que no quiere asumir el desgaste de pugnar con el Gobierno central para que, tras recibir por el camino críticas de unos y otros, el resto de comunidades acaben reclamando el mismo sistema que se plantea desde Barcelona. Esto sin mencionar que en el caso catalán el debate sobre la financiación autonómica debe incardinarse en un debate más amplio sobre el modelo de relación económica entre la comunidad y el Estado.
Es evidente que el Gobierno debe buscar soluciones para resolver el colapso financiero de las comunidades, que afecta directamente a los ciudadanos en materias tan importantes como la sanidad, la educación y la asistencia social, que concentran el grueso de las competencias traspasadas. Aunque se hayan establecido mecanismos de emergencia para socorrer a las autonomías en esta crisis, la reforma de la financiación autonómica, desde una correcta política de Estado, es tan necesaria como urgente. Hacienda cuenta con que la reforma fiscal en marcha incluirá también mecanismos que faciliten una mejor financiación de las autonomías. Pero, de momento, se trata de una declaración de intenciones sin contenido real conocido.
El sistema actual de financiación autonómica se ha mostrado claramente insuficiente para atender las necesidades económicas de las comunidades. Lo era antes y lo es mucho más ahora, ya que los ingresos tributarios autonómicos han caído más de un 30% como consecuencia de la crisis. No puede mantenerse por más tiempo el hecho de que los ingresos de la Administración central crezcan a un ritmo del 7% y los de las autonomías, que suponen la otra mitad del Estado, lo hagan sólo al 2,5%.
Es evidente que la complejidad de acordar un nuevo sistema de financiación explica la tentación del presidente del Gobierno de dejarlo para la próxima legislatura, pero aplazar problemas como este los acaba complicando aún más.