Interior investiga mensajes injuriosos por la muerte de Carrasco
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que se ha abierto una investigación para determinar si son constitutivos de delito algunos de los mensajes injuriosos vertidos en las redes sociales tras la muerte de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. El ministro hizo ese anuncio tras presi- dir el acto del 170.º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, en el que calificó de “bochornosas” algunas frases publicadas en las redes sociales sobre la política asesinada a tiros en León. Fernández Díaz condenó el “terrible” asesinato y explicó que el caso está bajo secreto de sumario, pero sí avanzó una investigación paralela. Nada más conocer la difusión de los mensajes, ordenó que se investigara su autoría por si fueran constitutivos de delito, con el objetivo de que no queden “impunes”. Los comentarios “absolutamente injuriosos y calumniosos” comenzaron a circular en redes sociales como Twitter “poco después de haber caído brutalmente Isabel Carrasco” y “cuando todavía estaba el cuerpo yacente”, subrayó el ministro, que incidió en que se trata de ideas “que sinceramente nos abochornan a todos”. “Hay que limpiar las redes sociales de indeseables”, concluyó. “Es evidente que en la medida en la que hacen apología del delito y fomentan el odio son conductas que entiendo que están tipificadas en el Código Penal”, sostuvo Fernández. Por eso, el ministro dio orden a la Policía de que investigara esos mensajes.
Sin embargo, asociaciones de jueces y fiscales defendieron ayer que el catálogo del Código Penal es “más que suficiente” para perseguir los comentarios vertidos en las redes sociales que puedan sobrepasar la línea del delito. Representantes de la Carrera Judicial y Fiscal instaron a distinguir entre “frases malsonantes” y comentarios injuriosos y destacaron que “la respuesta no debe ser policial”, sino que correspondería ejercer acciones civiles o penales a los herederos de la persona cuyo “honor ha sido amancillado”. “Las fuerzas de seguridad –añadieron– sólo deben intervenir cuando se trata de delitos de oficio. La respuesta no debe ser policial” en este caso.